Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El propósito de convertir en realidad algunas de las propuestas del alcalde electo Ospina, como la construcción de la vía alterna al mar, la universidad Distrital, la recuperación de la vía férrea y de las zonas aledañas al parque de la salud, del espacio público y la reubicación de los vendedores ambulantes, etc., no deja de ser más que una posibilidad abstracta –formal- que no se compadece con los altos costos que tendría que aportar el municipio actualmente endeudado, en tanto que los caleños tienen agotada su capacidad económica con el incremento de los impuestos municipales, particularmente del predial que pagarán el próximo año y que se convirtió en un tributo injusto e inequitativo.
No existen las condiciones ni los recursos disponibles para realizar dichas obras, aun contando con los dineros de las regalías o del recaudo del cobro de peajes urbanos e incluso con los mayores recursos que podría recibir el municipio como Distrito Especial.
Mientras los caleños sufren los rigores del desempleo; la inseguridad en los barrios, las deficiencias en la prestación de los servicios públicos, la mala calidad en el servicio del transporte masivo, etc., que demandan de un tratamiento prioritario, urge terminar las obras pendientes en el sur sin gravar con nuevos tributos a los ciudadanos y en todo caso cumpliendo con el mandato constitucional de garantizar la participación de los caleños en las decisiones que se tomen en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho al cual debe someterse el alcalde electo una vez posesionado.
Aunque todas estas propuestas encajan con el nuevo modelo de ciudad Distrito Especial que se piensa implementar desde el punto de vista administrativo y territorial, su desarrollo no garantizará el bienestar social si antes no se realiza un balance de los resultados obtenidos con la ejecución de las denominadas 21 megaobras como la construcción de la plazoleta Jairo Varela y del centro Educativo Nuevo Latir, a fin de determinar si cumplieron o no con la función para las cuales fueron ejecutadas, lo cual hace parte de la función administrativa que reclaman los caleños al igual que del cumplimiento de la función pública administrativa relacionada con la defensa del interés general, la moralidad pública, la economía, la eficiencia, etc., de que trata el artículo 209 de la Constitución Política; exigencia que los caleños reclaman como parte esencial de la reconstrucción de una ciudad que como Cali debe ser gobernada con claridad y transparencia por la administración.
Paralelamente a la construcción de obras de infraestructura, la administración que se posesiona el 1 de enero de 2020 dará gran énfasis a la llamada economía naranja definida como “herramienta de desarrollo cultural, social y económico, diferenciándose de otras economías por fundamentarse en la creación, producción y distribución de bienes y servicios, cuyo contenido de carácter cultural se puede proteger por los derechos de propiedad intelectual”, encajada en la visión de la ciudad como Distrito Turístico, deportivo, cultural, empresarial, de servicios., impuesta por la reducida dirigencia político-empresarial sin profundizar en los costos beneficios para la ciudad, la región y para los caleños.
La actividad laboral de los denominados neoliberalmente “emprendedores” en la economía de servicios o naranja, está referida a actividades autónomas, independientes que ocupan pocos trabajadores mal remunerados, sin estabilidad laboral. Es la economía del “rebusque” elevada a un status de formalidad atrayendo mas compatriotas o venezolanos deslumbrados con la idea de vivir en una ciudad Distrito Especial.
Así mismo, ningún gobernante puede realizar obras que no tengan garantizada su viabilidad técnica, financiera, ambiental, social, porque ellas en vez de contribuir a la solución de los problemas locales, terminan agudizándolos. Tal sería el caso de convertir la sede del antiguo Seguro Social en Bellavista en un centro tecnológico para los sectores populares del oriente de la ciudad. El impacto en la movilidad y en el ambiente para el sector sería más grave y costoso que el beneficio de brindarles capacitación a los jóvenes del oriente. Y para estos, el traslado desde sus lugares de residencia hasta Bellavista sería elevado en términos de costo por pasajes y tiempo invertido en los desplazamientos.
Las políticas públicas no pueden seguirse manejando como producto de los deseos de los mandatarios, ya que deben obedecer a la discusión amplia por los ciudadanos analizadas desde varios puntos de vista, para que se cumpla con los principios de participación ciudadana y ordenamiento del territorio y en ningún caso para improvisar el desarrollo de la ciudad.
Los caleños no pueden esperar que con la construcción de nuevas obras de infraestructura vial, escolar, deportiva, etc., se mejoren sus condiciones de vida, que hoy y después de varios años, demostraron que tan solo han servido para erigir un culto a la personalidad de quienes las promovieron y ejecutaron, al tiempo que la ciudad se ahoga en los problemas que las mismas no resolvieron
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social