Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
A partir del jueves 20 de febrero regresó a operar en todo el territorio nacional la plataforma de UBER que como intermediario tecnológico prestará el servicio de transporte individual de pasajeros bajo una nueva modalidad contractual, según la cual el usuario tendrá la calidad de arrendatario del servicio y el propietario del vehículo particular afiliado a la plataforma, el de arrendador.
No debe olvidarse que la salida de UBER del mercado estuvo relacionada con la decisión adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio de suspender definitivamente la operación de la plataforma, en razón de que la misma no se sujetaba a las normas de transporte de pasajeros que rigen en el país en igualdad de condiciones con todas las demás plataformas que operan en el mercado.
Este hecho aparentemente circunstancial se produce después de que el embajador de USA en Colombia se quejara de la falta de “seguridad jurídica” refiriéndose a la sanción impuesta a la multinacional norteamericana, en tanto que desde la Superintendencia de Transporte se afirmaba desconocer las razones que tuvo UBER para continuar prestando el servicio de transporte de pasajeros, circunstancia ésta que se produce a pesar de que la sanción de suspensión de la operación se encuentra vigente, lo cual pone de presente el estado de dependencia de las autoridades colombianas de los dictados del gobierno norteamericano en favor del monopolio de UBER que sin lugar a dudas ocupaba una posición dominante en el mercado de este tipo de transporte.
De esta manera se repite la vieja historia del intervencionismo del imperio extranjero en los asuntos internos del país, cuando no es que de acuerdo con los denominados tratados de libre comercio TLC se apropian del mercado interno acentuándose la desigualdad económica y política en el trato que el capital extranjero le imprime a las relaciones comerciales entre el Estado colombiano y los demás Estados del mundo capitalista globalizado.
Por otra parte, es preciso que las autoridades respectivas analicen esta nueva forma de contratación que UBER pretende desde ya imponer a los usuarios, cuyo compromiso va mas allá de la simple obligación de cancelar el valor del servicio tratándose por ejemplo del pago de multas por infracciones de tránsito, servicio de grúa, etc., que se produzcan durante la prestación del servicio los cuales podrán ser cargados al usuario que renta el mismo en su condición de arrendatario; figura esta inapropiada desde el punto de vista contractual, en tanto que se trata de la prestación de un servicio público diferente al que se presta por ejemplo, en relación con el uso, disfrute o habitación de un bien mueble o inmueble regulado por el derecho privado.
Por lo demás en el Congreso de la república se tramita un proyecto de ley mediante el cual se aspira regular la prestación de este tipo de servicio requerido por los usuarios, sobre la base inequívoca de que en este caso se está frente a la prestación de un servicio público y no de un servicio privado, el cual debe someterse a las reglas establecidas en la Constitución y en la ley por parte de los intermediarios tecnológicos del sistema y de los conductores que deben garantizar de la mejor forma posible la prestación de este servicio individual de transporte.
Con la aparición de estas plataformas tecnológicas se está estimulando el crecimiento del parque automotor congestionando aún más las vías de las ciudades y afectando sustancialmente el servicio público de Transporte Masivo que verá disminuido el número de usuarios al tiempo que los propietarios de las plataformas tecnológicas se lucran con la explotación económica del trabajo de los conductores y de los usuarios de este tipo de transporte.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social