Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
El último informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos (ONDCP) registra un preocupante incremento de cultivos ilícitos en Colombia. Crecimiento del 11%, superficie sembrada de 209,000 hectáreas, y aumento de producción del 19%. Estadísticas validadas, por el Ministerio de la Defensa de Colombia, que estima el área en 180,000 hectáreas y el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la ONU, cuya evaluación supera ambos datos.
Colombia es el mayor productor de cultivos ilícitos del mundo.
Las no despreciables, 209,000 hectáreas, son comparables al área sembrada en caña de azúcar del Valle del Cauca, al 20% del área en café, al 40% cultivada en palma africana, al 50% de arroz y cuatro veces superior al área destinada al cultivo de banano. Es algo muy preocupante, además que creció cuando Colombia estaba hace 8 años, dominando el problema.
Los factores de aumento son atribuibles a una política errada de haber suspendido la aspersión aérea, basada en infundado concepto no obligante de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la titánica labor de erradicación manual, el dominio territorial de bandas criminales asociadas al narcotráfico, acompañadas por grupos disidentes de la extinta organización guerrillera, entre otros.
Tratándose de una problemática mundial, el gobierno nacional no puede ser señalado como el único responsable. No obstante los esfuerzos nacionales, es lógico que el incremento de la demanda del consumo, primordialmente externo, y la rentabilidad exponencial del negocio son factores esenciales del problema.
se abre una ventana de oportunidades al gobierno de Iván Duque, para liderar y articular una política duradera, ejemplarizante al mundo, de sustitución de cultivos ilícitos incorporando el área hacia un desarrollo de impacto social y económico formal
Se abre una ventana de oportunidades al gobierno de Iván Duque, para liderar y articular una política duradera, ejemplarizante al mundo, de sustitución de cultivos ilícitos incorporando el área hacia un desarrollo de impacto social y económico formal. Pero esto debe ir combinado de un compromiso del mundo mediante un plan de desarrollo económico y social, que comprometa los países consumidores.
La preocupación del gobierno norteamericano, de la comunidad europea y países asiáticos debe convertirse en planes de acción. Estos gobiernos deben apoyar presupuestalmente las agencias de las Naciones Unidas y Colombia en proyecto global de lucha contra el flagelo.
Pueden aportar, coordinados por la ONU, pie de fuerza en protección de aéreas sustituidas, vinculación de organizaciones internacionales no gubernamentales, sector fundacional y banca multilateral en programas de inclusión, socialización, capacitación y educación en técnicas modernas agropecuarias, administración de la microempresa, uso racional de agroquímicos y recurso hídrico, acompañados de educación, servicios de salud y satisfacción de necesidades básicas para el grupo familiar integrante de la población rural. Y ante todo, de proyectos globales productivos.
Los diferentes pisos térmicos y condiciones climatológicas de las aéreas sembradas pueden ser destinados a infinidad de desarrollos agropecuarios e industriales. Ganadería bovina, ovina y caprina, para producción de carne y leche, porcicultura, avicultura, piscicultura, horticultura, fruticultura, floricultura, café, cacao y palma africana, entre otros, sustituirían los cultivos ilícitos.
procediendo a legalizar la propiedad de las unidades productivas en cabeza de sus actuales ocupantes, dotando de infraestructura vial, secundaria, terciaria y conectividad de las zonas hacia mercados de consumo internacional.
El gobierno nacional podría declarar zona franca especial las zonas identificadas sembradas actualmente con cultivos ilícitos en los diferentes departamentos del país, procediendo a legalizar la propiedad de las unidades productivas en cabeza de sus actuales ocupantes, dotando de infraestructura vial, secundaria, terciaria y conectividad de las zonas hacia mercados de consumo internacional.
Es el modelo perfecto para generar las anunciadas reformas laborales de formalización de empleo rural con inclusión en seguridad social e incentivos fiscales y tributarios a las empresas privadas nacionales e internacionales que se vinculen al proyecto de sustitución.
Mediante esa plataforma, fiscal, tributaria, de seguridad física y jurídica, se atraen grandes empresas privadas nacionales al más ambicioso proyecto de sustitución de cultivos, mediante “adopción” de zonas.
Empresas del sector lácteo “adoptando” y apoyando desarrollos lecheros; la infinidad de empresas proveedoras de alimentos para hotelería, restaurantes y de consumo apoyando pequeños cultivadores de frutas y hortalizas para conservas y enlatados; el sector confeccionista, vinculando mano de obra para talleres; cementeras apoyando explotación de calizas y derivados; sector financiero destinando recursos con tasas de interés subsidiadas; grandes superficies apoyando cadenas productivas de productos frescos; sector de alimentos apoyando cultivos de café especiales, cacao, trigo, maíz, frijol y actividades pecuarias; el sector turístico brindando oportunidades para el ecoturismo; agroindustria vinculando cultivos de palma, banano, plátano, cítricos, etc.
“En medio de la dificultad reside la oportunidad” – Albert Einstein