Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
El mundo enfrenta la más compleja pandemia que la historia contemporánea conoce. Los países han venido combatiendo, algunos con mayor éxito que otros, la devastadora enfermedad. El estado se ocupó del problema con altruismo y solidaridad, encauzando sus esfuerzos hacia la prevención de la propagación del virus apoyando y privilegiando la vida de su población.
El inicial aislamiento preventivo y después obligatorio ha tenido efectos catastróficos para la economía. Algunos sectores han sido afectados profundamente y otros apenas sobreviven. El gobierno asumió y dictó medidas favoreciendo la población mas vulnerable, irrigando cuantiosos recursos, con cargo al erario, delegando a los entes departamentales y municipales su distribución equitativa. Serán las autoridades competentes de control las indicadas para establecer si existieron abusos o indicios de corrupción.
La solidaridad desplegada por el estado encontró eco en el sector productivo privado. A cuantiosos contribuciones filantrópicas, se generaron espontáneamente aportes de asalariados, tanto del régimen privado como público. La población, en general, entregó incalculables y bien recibidas ayudas. Destacadas figuras de la música también se unieron desplegando sus talentos recaudando recursos en eventos multitudinarios transmitidos virtualmente.
Sin embargo, después de varios meses, y ante una economía agrietada, los sectores productivos privados, a todo nivel, y al unísono, manifiestan la imperiosa necesidad de alivios fiscales y tributarios, a la vez solicitando poder acudir a recursos del estado para sobrellevar la difícil situación que afrontan.
Aún es prematuro conocer cifras, diagnósticos y proyecciones del costo de la pandemia en recursos entregados y por entregar a futuro, con cargo al estado nacional o territorial.
En primer lugar, y a medida que paulatinamente se retorna a la normalidad de la actividad económica, la pregunta lógica es ¿la ayuda coyuntural asistencialista será mantenida en el tiempo?
El sector productivo no tendrá la misma dinámica y capacidad de aportar recursos tributarios. La contracción de la economía implica una disminución en el recaudo de impuestos indirectos. Las exportaciones de petróleo e hidrocarburos, sostén de la economía, atraviesan por la difícil encrucijada de un elevado sobrante de inventario repercutiendo en su precio. La ilusión de un floreciente turismo no será realidad a corto plazo. El desempleo global afectará el rubro de remesas que perciben cientos de miles de familias colombianas de familiares residenciados en el exterior. El crecimiento económico proyectado del producto interno bruto, fundamentado en la disminución del consumo, se estima apenas llegaría al 1%.
La coyuntura conlleva a una precaria situación fiscal del estado.
El desafío que enfrentan los gobiernos del nivel nacional, departamental y municipal es titánico.
Superada la crisis pandémica, el desafío macroeconómico del costo, requiere toma de decisiones transcendentales.
La resultante contracción económica conlleva considerar la enajenación de improductivos bienes del estado, en todos sus niveles; nacional, departamental y municipal.
Entre las posibilidades de enajenación esta la participación accionaria de la nación en 105 entidades por valor de $ 170 billones. Encabeza la lista el 8,9% aprobado en venta en Ecopetrol; 51,41% de ISA; 73,37% de la Financiera de Desarrollo Nacional; 65,34% de Finagro; 40,57% de Telecaribe; 86% en Artesanías de Colombia; 83% en Electrohuila; 72% en Electrocaquetá; 20,47% en Corabastos y 72% enTV Andina entre otras. Posee 64,000 activos incutados al narcotrafico. Inumerable participacion accionaria en pequeños y medianos institutos descentralizados del orden departamental y municipal.
A nivel departamental, se debe considerar la venta de las licoreras, canales regionales, loterías, institutos financieros e incalculables bienes improductivos, muchos de ellos percibiendo irrisorios cánones de arrendamiento o entregados en comodato.
A nivel municipal debe retomarse la venta de subutilizados inmuebles recibidos en parte de pago, participaciones accionarias en otras entidades y considerar la participación accionaria en empresas de servicios públicos.
Asumiendo una postura realista, la solución y decisión está en manos del estado sin imponer nuevas cargas al sector productivo privado.