Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La experiencia práctica e histórica demuestra que el Estado es incapaz de enfrentar la corrupción o reducirla a su mínima expresión, tal como se proponía en tiempos del gobierno de Turbay Ayala.
El hecho real es que dicho fenómeno social ha resultado connatural al régimen económico y político de Colombia, incentivado por diversos factores y particularmente por una serie de individuos y organizaciones que se valen de la misma para lucrarse con los recursos públicos que se utilizan para satisfacer las necesidades de la sociedad.
En tanto, la corrupción hunde sus raíces en todas las esferas de la vida económica, política y social, se reviste de un nuevo ropaje de legalidad que conduce a la práctica de toda clase de conductas ilegales e inmorales.
Los principales casos de corrupción se presentan en la salud, la educación, la justicia y en un conjunto de instituciones del gobierno, el Congreso, las Fuerzas Armadas, gobernaciones y alcaldías e incluso en los propios órganos de control, casi siempre ligada con algunos empresarios del sector privado a través de las denominadas alianzas público-privadas, las vigencias futuras, los sobrecostos en las obras públicas, etc., cuyos efectos nocivos corroen el orden económico, financiero y fiscal de la nación.
Esta situación se agrava aún mas en la medida en que las contralorías se convirtieron en fortines burocráticos y focos de la politiquería tradicional de la que hacen parte los parientes, amigos y recomendados de congresistas, magistrados, alcaldes y gobernadores, que finalmente hacen imposible que estos entes del Estado estén en condiciones de ejercer un verdadero control mas allá de los límites impuestos por los intereses personales, de clase o grupo social que libremente disponen de los recursos del Estado y con ello violan los principios de la moralidad pública, pues los corruptos todo lo compran, todo lo corrompen, convirtiendo así a las personas en simples mercancías para lo cual el dinero es utilizado como factor determinante para justificar incluso en algunos casos la violencia que hoy azota los campos y las ciudades del país en donde operan los narcotraficantes, paramilitares y demás grupos ilegales armados en connivencia con determinados dirigentes de la vida económica y política que en la actualidad están asesinando campesinos, líderes sociales, dirigentes políticos y defensores de los derechos humanos.
Y de ahí que el control fiscal que formalmente ejerce la Contraloría no se mejorará si es aprobado en el Congreso de la República el proyecto de Acto Legislativo de reforma mediante el cual se restablece el denominado control previo, abolido con la Constitución de 1991.
En la actualidad las Contralorías solo pueden fiscalizar los recursos públicos después de que se han finiquitado los acuerdos y ejecutado los contratos que realiza el Estado con los particulares, lo que significa que el control posterior solo se realiza cuando todo está consumado y se ha producido el despojo de los recursos públicos, los sobrecostos en el valor de las obras y por supuesto la corrupción en todas sus formas y manifestaciones concretas.
Diversos sectores gremiales en carta dirigida al Contralor general manifiestan no estar de acuerdo con varios artículos de dicho proyecto de control fiscal, pues consideran que con su aplicación se volverá al pasado del control previo, que podría “relentizar las actividades de quienes contratan proyectos debido a que temen que los paralicen hasta tanto se pronuncie el órgano de control fiscal (Portafolio, Agosto 18 de 2019, pág. 8)”.
Para algunos analistas la propuesta relacionada con la creación de un “tribunal de cuentas” podría ser la solución de este estado de cosas, con el cual se podrían sustituir las Contralorías y con ello terminar con la corrupción en las regiones, lo que por supuesto funciona con cierta eficacia en otros países en donde existen diferentes condiciones políticas y sociales.
En la actualidad la complejidad técnica que conlleva el ejercicio del control fiscal plantea una serie de interrogantes que no es fácil de resolver sino a partir de la posibilidad de incorporar a los ciudadanos en uno de los eslabones del control que debe realizar el Estado y del cual siempre han estado marginados, no obstante ser este un elemento esencial de la democracia participativa.
El control fiscal no puede desligarse de este hecho ni de la necesidad de capacitar a los ciudadanos en el conocimiento de las normas que en materia Constitucional y legal se aplican para el manejo de los asuntos administrativos y que tienen que ver con la información, la valoración de la misma, el planteamiento de los problemas que surgen con la apreciación de determinados proyectos y la adopción de las mejores decisiones al respecto.
En todo caso de lo que se trata es de conjugar la creciente especialización del trabajo administrativo que realiza el Estado con el aumento de la participación de los ciudadanos en el control fiscal sujeto al cumplimiento de las leyes y de los objetivos del trabajo administrativo en favor de la comunidad.
En este sentido se impone la necesidad de mejorar cada vez mas los métodos y procedimientos administrativos, asegurando el aumento de las competencias administrativas del Estado conjuntamente con la participación de los ciudadanos en la labor de fiscalización de los asuntos públicos a cargo de los dirigentes mas capaces de la sociedad escogidos mediante una selección eficaz y democrática salida del seno de la sociedad.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social