Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Pasados cien días desde el momento en que el presidente Duque firmó el primer decreto con el cual se estableció la cuarentena en todo el territorio nacional ante la presencia del COVID-19, el costo en salud para la población sobrepasó los 102.000 contagiados y las 3.400 personas fallecidas, en tanto que la tasa de desempleo llegó al 21.4% alcanzando la cifra de 4.9 millones de puestos de trabajo perdidos correspondientes a diversos sectores del comercio, la industria manufacturera y la economía de los servicios en donde laboraban especialmente personas jóvenes, mujeres y personal poco calificado.
No obstante debe señalarse que la tasa de crecimiento del desempleo venía aumentando desde antes de la pandemia, cuya causa real no debe buscarse simplemente en la baja productividad del trabajo o de su costo laboral como así lo afirman algunos economistas, sino debido a la insuficiente demanda de productos, bienes y servicios que no pueden adquirirse por los consumidores, a causa de la decreciente pérdida del valor del salario y en general de sus ingresos, generándose una baja en la producción y por consiguiente una disminución en la actividad laboral que conlleva a un mayor desempleo, que se agrava en épocas de crisis con la demanda de trabajo con salarios por debajo del mínimo vital, el aumento de los precios de los artículos de primera necesidad de la canasta familiar, el cobro de los impuestos inequitativos y regresivos como el IVA, los costos de la inflación y de la devaluación de la moneda nacional frente al dólar, la implementación de nuevas tecnologías con las cuales se sustituye el trabajo masivo no calificado de miles de trabajadores.
Para los gremios empresariales y comerciales las causas del desempleo se originan en la cuarentena obligatoria con el cierre de la economía y de ahí que aplaudieran las medidas adoptadas por el gobierno de levantarla, con el argumento de “rescatar el empleo” lo que difícilmente podrá conseguirse en medio de la crisis económica y social en tanto subsistan las causas que originan dichos fenómenos al igual la concentración de la riqueza y las desigualdades sociales y no sea posible cambiar las condiciones en que viven los colombianos, impuestas por un sistema que basa sus políticas sociales en el asistencialismo y en el aumento de impuestos a los sectores medios y populares de la población, reproduciéndose incesantemente dicha situación que no podrá ocultarse con estadísticas amañadas que elabora el gobierno y con las cuales se busca justificar aquellas políticas públicas, además de imponer la masificación del trabajo en casa y del teletrabajo que conducen a la intensificación de la jornada laboral sin que existan las debidas compensaciones salariales y prestacionales o con el trabajo por horas que acaba con la estabilidad laboral y con ello de la posibilidad de pensionarse en un país en donde el 68% de las personas que trabajan no podrán pensionarse y el 69% de los adultos mayores carecen de pensión de vejez (Cecilia Lopez Montaño, Portafolio del 2 de julio/2020).
La crisis agudizada con la pandemia es utilizada por el gobierno para modificar los códigos y presentar reformas en materia laboral, pensional y tributaria entre otras, que golpearán aun más a los sectores que en el país viven de su trabajo, aumentando la concentración de la riqueza en pocas manos. De ahí la necesidad de que la población tome conciencia de los efectos sociales y negativos de las decisiones gubernamentales con el fin de se pronuncian frente a dichas pretensiones impidiendo su aprobación en el Congreso de la República.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
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