Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Con el fin de detener el desbordamiento del poder presidencial y garantizar cierto equilibrio y colaboración entre las diferentes ramas del poder público, los constituyentes de 1991 aprobaron varias normas constitucionales dirigidas a limitar el poder del ejecutivo, que ya no podría por ejemplo, suspender el ejercicio de los derechos humanos o disminuir los derechos económicos y sociales de los trabajadores con base en la declaración de los estados de excepción en su versión modernizada del antiguo Estado de sitio.
Entre tanto la rama legislativa perdió buena parte de su peso político dentro de la estructura del poder estatal, su facultad de control político de los actos del gobierno en lo que se conoce como la moción de censura poco o nada ha servido para ejercer un verdadero control político del poder presidencial.
Algo similar ha sucedido con la Rama Judicial que en medio de las presiones ejercidas por el ejecutivo profieren decisiones contradictorias que ponen en duda su independencia judicial en la solución de ciertos conflictos sociales relacionados con los intereses de los trabajadores y de algunos sectores sociales.
Con las reformas y contrarreformas introducidas a la Constitución de 1991 se robusteció aún más el poder presidencial en detrimento de la autonomía e independencia de los entes territoriales, particularmente en materia económica y financiera.
Esta circunstancia se ha hecho mas crítica con el auge de las políticas neoliberales con las cuales se ha comenzado a desmontar el Estado del bienestar general o “prosperidad general” que propugna por el aumento de los impuestos, la reducción de los salarios y pensiones y simultáneamente se conceden privilegios y beneficios a grandes empresarios y comerciantes bajo el supuesto de estimular el empleo y la inversión extranjera como fundamento del crecimiento económico y social del pueblo colombiano.
Precisamente y con ocasión de la presencia y expansión de la pandemia del coronavirus, el presidente Duque en ejercicio de sus facultades constitucionales y en desarrollo de la Emergencia Social, Económica y Ecológica profirió más de 100 decretos legislativos algunos de los cuales han sido criticados por diversos sectores políticos y sociales por no relacionarse con los aspectos atinentes a la crisis sanitaria y económica que vive la población. Y aunque muchos de los decretos dictados hasta el momento solo tienen un carácter transitorio, existe la posibilidad y la preocupación de que varios de estos se conviertan en permanentes, tal como sucedió por ejemplo, con el impuesto del 2 por mil que se prorrogó en el tiempo y se convirtió en el 4 por mil.
Así mismo el gobierno prepara un nuevo decreto legislativo por medio del cual reglamentara la denominada “contribución nacional de Valorización” creada con la reforma tributaria del 2016, no obstante que la Corte Constitucional le suprimió el carácter de nacional a dicha contribución que el gobierno quiere revivir. Dicha iniciativa ha sido recibida con gran beneplácito por la Cámara Colombiana de la Construcción interesada en la financiación de toda clase de obras de infraestructura vial, de transporte, portuaria, ferroviaria, etc., que se cobraría con base en dicha contribución a los propietarios de predios de los municipios que resulten afectados con las obras.
La anterior circunstancia pone de presente los compromisos entre el gobierno y los monopolios y los contratistas que convirtieron al Estado en un apéndice orgánico del gran capital financiero, con lo cual se materializan las denominadas Alianzas Público Privadas –APP-, generándose con ello un desbordamiento de las funciones públicas y de carácter administrativo contrarias a lo establecido en esta materia en la Constitución Política.
No sobra agregar qué el gobierno obligó a bancarizarse a los sectores sociales que reclaman sus cesantías, pensiones o ayudas del gobierno con el argumento de facilitarles el acceso a estos servicios, lo cual en la práctica implica para los usuarios trámites engorrosos, además de controlarles los ingresos a los sectores trabajadores en la creencia de que este es el medio para evitar la elusión y la evasión de impuestos, beneficiando de esta manera al sector financiero que aspira a manejar en el futuro los ahorros de cerca de 30 millones de colombianos que finalmente tendrán que pagar los costos administrativos y financieros.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social