Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Pudiéndose prever lo que tendrá que afrontar el país con ocasión de la recesión económica, algunos economistas y politólogos se preguntan sí acaso debe ser el sector privado el que se convierta en el motor principal de la recuperación económica o sí por el contrario debe ser el sector público en cabeza del Estado el encargado de sacar la economía de la crisis en la post pandemia.
Mientras tanto está claro que hasta ahora el Estado en su conjunto constituye la organización más idónea y mejor dotada para mitigar los riesgos y los efectos de la crisis económica y sanitaria independientemente del modelo de desarrollo que ha imperado en el país, el cual por supuesto tendrá que cambiarse si se quiere superar las consecuencias de la crisis que ha generado un clima de incertidumbre en medio del debilitamiento de la economía, cuyo crecimiento negativo durante el primer semestre ha sido determinado por diversos factores internos y externos, que desde ya se advierte traerán consigo un retroceso en la vida económica, política y social del país.
Esta situación no podrá resolverse adoptando simplemente algunas medidas económicas, financieras, fiscales y tributarias como piensan algunos medios de opinión o que impulsando la libre competencia que se desarrolla en medio de la anarquía de la producción y de la lucha competitiva que se libra en el mercado mediatizada por la acción de los monopolios, será posible recuperar la economía nacional. Así mismo resulta casi imposible ejercer un control efectivo por parte del Estado a los monopolios que ejercen su posición dominante en el mercado. Al igual que a la inversión extranjera a la cual se le conceden toda clase de ventajas y privilegios que contribuyen a incrementar su capital y sus ganancias, en tanto crece nuestra dependencia del mundo financiero y la desigualdad en el desarrollo económico y social de nuestro país respecto de la economía de otros países.
Lo anterior debe llevarnos a pensar sobre la necesidad de desarrollar un nuevo modelo económico, político y social que rebase los límites de las viejas concepciones sobre la libre empresa, sin mayores controles ni regulaciones o de las políticas proteccionistas que contribuyen al estancamiento y al aislamiento de la economía nacional de las economías de otros países, con los cuales deben existir relaciones comerciales, de cooperación y de ayuda mutua en la solución de los problemas específicos y globales que afectan al mundo capitalista globalizado.
Estos hechos demandan de la necesidad de construir un Estado nacional y democrático que exprese por igual los intereses y necesidades de los colombianos o por lo menos de su gran mayoría, con una amplia democracia y respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, que rechace los métodos autoritarios y dictatoriales de gobiernos y con una base económica que le permita a las fuerzas políticas y sociales realizar desde el poder del Estado las reformas que se requieren por ejemplo, en el campo y en la ciudad, además de la necesidad de impulsar la reindustrialización del país en sus diferentes ramas y especialidades de la producción, aumentando significativamente la productividad del trabajo con la implementación de las nuevas tecnologías y la explotación de las ventajas comparativas con que cuenta el país.
Esto con miras a garantizar la producción, el intercambio, distribución y consumo de toda clase de productos, bienes y servicios con destino a satisfacer las necesidades de los colombianos, lo cual debe llevarse a cabo con un espíritu creativo y atendiendo las particularidades de cada región del país, en un proceso de transición del actual capitalismo monopolista de Estado de corte neoliberal a un capitalismo de Estado Nacional con el que pueda coexistir el sector privado como accionista minoritario de sectores de la economía no estratégicos para el país como son las telecomunicaciones, la seguridad, la educación, la salud, los servicios públicos, etc..
Además de la posibilidad de que el Estado le pueda entregar bajo la modalidad del arrendamiento o en concesión la producción de ciertos bienes y servicios que estarán sometidos a las regulaciones y reglas de distribución del producto de la renta por el capital aportado por dicho sector.
En estas circunstancias el Estado deja de ser el comité administrativo de los negocios de los grandes propietarios de tierras en la ciudad y en el campo y de los monopolios de empresarios, comerciantes y banqueros que integran el gran capital financiero nacional e internacional.
En procura de dicho propósito el principio de la unidad de acción encaminado a fortalecer la correlación de fuerzas políticas en favor del cambio se convierte en un factor determinante de la lucha social y política por alcanzar dicho cometido por parte de las fuerzas democráticas y progresistas que existen en el país y que finalmente sabrán cumplir con sus compromisos morales y políticos en materia del cambio económico, político y social.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social