Carlos Armando Cuervo Jiménez
Emprendedor y empresario con formación en Ingeniería Industrial
Desde que se promulgó la constitución de 1991 y se modificó el modelo de una sola súper corte con salas, por cuatro (hoy en dia cinco) y se creó la fiscalía para remplazar el método de instrucción criminal, cada presidente a partir del 2002 ha procurado infructuosamente reformar la justicia.
Estas reformas han variado desde profundos cambios y volver al sistema de una sola corte a otras que han intentado modificar el sistema de administrar justicia a los aforados* (funcionarios de alto rango), cambios al consejo superior de la judicatura de nombre y de repartición de funciones, para dejarlo solo con la parte administrativa y de presupuestos, además de reducciones al alcance de la tutela y de tiempos y tecnicismos para alegar apelaciones.
En el 2002 se hicieron modificaciones a los artículos 116, 250 y 251 de la constitución para transformar el antiguo sistema penal acusatorio, escrito y secreto, y acorde a las normas establecidas con el debido proceso artículo 29 de la constitución.
Entre 2003 y 2004 con la intervención decidida del gobierno de Alvaro Uribe y encomendada a sus ministros de interior y de justicia Fernando Londoño y después a Sabas Pretelt de la Vega, se intentó realizar una profunda reforma en la cual se incluía eliminar cortes y reducirlas, además de reformar el derecho de tutela.
En 2008 de nuevo se presentó otra reforma en la segunda administración de Uribe, con los esfuerzos de su ministro de interior y de justicia, Carlos Holguin Sardi, sin llegar tampoco a feliz término.
En 2012 volvió a hacerse el trámite, siendo aprobada en el congreso pero fue objetada por el presidente Santos debido a que la ciudadanía , instituciones de la profesión de abogado y algunos juristas independientes señalaron que traía demasiados beneficios para los legisladores, por lo tanto el presidente no la firmó, cayó el ministro ( Esguerra ) y hubo escándalo internacional, por la influencia de las altas cortes, en los 8 debates. Ella tenía la eliminación del Consejo superior de la judicatura, pedida por muchos, ante denuncias de corrupción.
Nuevamente en 2018 se intentó en noviembre, bajo el mandato del actual presidente Iván Duque, y con este nuevo proceso de reforma se procuró modificar en profundidad los alcances y motivos de la tutela, además de ajustes a las elecciones del contralor, el procurador, el fiscal y a los magistrados d elas cortes, aumentando para estos últimos sus periodos de 8 a 12 años y hasta eliminar el consejo superior de la judicatura, el cual sería reemplazado por un nuevo ente.
Ahora en agosto de 2020 y como consecuencia de la detención preventiva expedida en contra del expresidente Uribe por providencia de la sala de instrucción de la corte suprema, se llama de nuevo a la modificación de la justicia, pero esta vez a través de una herramienta compleja como lo es una constituyente o como lo expresó el presidente Duque por medio de un acto legislativo.
Opino que en este momento de efervescencia y calor cualquier llamado de esta índole resulta inapropiado.
Porque el caso Uribe estará por muchos días en las portadas de diarios y revistas, además de video noticieros y portales web, así que tendremos tiempo de sobra para analizar las consecuencias de ese llamado apresurado a nuevas transformaciones.
También es impropio que el llamado a esta reforma provenga de una de las más aguerridas partidarias del ex presidente Uribe, porque no suena ha llamado para reformar sino a retaliación por la media cautelar tomada en contra de él. Una reforma a la justicia no debe llegar por los caprichos o ideas del presidente de turno, sino por el consenso de muchos para darle la orientación que requiere.
¿Qué deberíamos tener una sola corte al igual que los norteamericanos y dotadas de salas especializadas? Claro estoy de acuerdo, además que sus magistrados solo deberían abandonar el cargo por incompetencia debido a la edad o por grave enfermedad. Dicen los detractores de esta idea que perpetuaría clanes sucesoriales. Yo opino que los años construyen el mejor soporte para las decisionales jurisprudenciales que en definitiva modifican la doctrina jurídica pero con elementos basados en determinaciones reales, sustentadas por juiciosos estudios jurídicos.
Ahora pido a todos que promovamos el regreso a la cordura, sobre todo entre los adversarios ideológicos, porque solo tenemos este país y tanta polarización traerá nuevas formas de violencia que sin duda todos tendremos que lamentar