Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Los conceptos de economía y política se encuentran íntimamente relacionados en la medida en que los factores económicos determinan la forma y el contenido de las relaciones políticas que establecen las clases y grupos sociales, conjuntamente con sus partidos, organizaciones y normas jurídicas, en tanto que el Estado constituye la organización principal del sistema político, el cual a su vez ejerce una influencia inversa en la vida económica de la sociedad, acelerando o retrasando total o parcialmente su crecimiento y desarrollo.
Esta correlación tiende a funcionar de manera regular y armónica en tiempos de paz en que existe cierta estabilidad y correspondencia entre la economía y la política, en tanto que se vuelve traumática cuando se presentan las crisis económicas que caracterizan a la sociedad capitalista, agravadas en este caso con la pandemia del coronavirus.
De acuerdo con los datos suministrados por las agencias oficiales y de algunas organizaciones privadas, el país transita por un proceso de recesión económica que se refleja en un crecimiento negativo de la economía, un creciente desempleo y la quiebra de innumerables empresas pertenecientes a diversas ramas y sectores económicos. Y aunque el gobierno ha tratado de recuperar la actividad económica de la acción depredadora de la crisis con la implementación de ciertas políticas en favor de empresas y personas, dichas medidas han sido insuficientes para evitar el colapso general de la economía, cuyos efectos seguramente se prolongarán en el tiempo después de lo cual vendrá una etapa de auge, cumpliéndose de esta manera con el ciclo económico que se repite en el caso de la sociedad capitalista.
Durante dicho proceso la política juega un papel muy importante y trascendental encaminado a mitigar los efectos de la crisis que tiende a profundizarse y a prolongarse en el tiempo, causando graves estragos en la economía de los países especialmente en aquellos cuya economía depende exclusivamente de la exportación de materias primas y de algunos bienes y servicios intermedios como es el caso de Colombia.
Para algunos economistas las medidas políticas deben estar dirigidas a incentivar la demanda que en tiempos de la crisis se contrae abruptamente, generando una reducción del consumo de bienes y servicios y con ello una reducción de la producción que a su vez trae consigo un aumento del desempleo.
Por su parte varios sectores de la población que trabajaban en el Estado bajo la modalidad de los contratos de prestación de servicios -PS- y en el sector privado con contratos a términos fijo, resultaron afectados con la crisis en razón de que sus contratos no fueron renovados por cuenta de la pandemia, en tanto que no reciben las ayudas del Estado ni son incorporados a la producción ni a la economía de los servicios, pues se consideran que dichos trabajadores no hacen parte de los sectores mas vulnerables de la sociedad, ni ostentan la calidad de empresarios o comerciantes respectivamente.
Generalmente se piensa que las políticas dirigidas a la construcción por ejemplo de viviendas y de obras de infraestructura vial, de transporte, aeroportuarias, etc., son fundamentales para reactivar la economía de la crisis, lo cual no deja de ser mas que una verdad a medias, que deja por fuera a centenares de miles de trabajadores informales integrados por mujeres, jóvenes, adultos mayores, profesionales de diferentes especialidades, para quienes el acceso al trabajo resulta cada vez mas difícil en medio de la crisis económica y social.
Esta situación que se vive en el país tiene por supuesto su precio político, el cual se refleja en la incapacidad de los gobernantes para dirigir los asuntos económicos y políticos que hacen parte de la vida de la sociedad y que de alguna manera llevan a que los ciudadanos pierdan la confianza en sus gobernantes y en las instituciones que tienden a desnaturalizarse y descomponerse en medio de la concentración y centralización del poder en manos de los órganos ejecutivos con el uso de métodos y procedimientos autoritarios que se constituyen en una forma de negar la propia democracia y de los cuales participan diversos sectores económicos y políticos, tras de los cuales se oculta el poder de los monopolios que maneja el capital financiero junto al cual intervienen otros sectores económicos y políticos que actúan en la contienda política como intermediarios entre el gobierno y las clases dirigentes en torno a los grandes proyectos y negocios con el Estado.
Ahora bien, la crisis política que se vive en el país es a su vez la crisis de la Justicia que ha sido cooptada por un sector social que la utiliza en la lucha competitiva por el poder en contra de sus opositores, a quienes se les aplica todo el rigor de la ley muchas veces violando sus derechos constitucionales fundamentales.
Así mismo la crisis política es también la crisis del parlamentarismo liberal que no representa ni defiende los intereses del pueblo soberano y de ahí que las leyes que aprueban pierdan su carácter democrático y representativo.
Finalmente la crisis en torno a la correlación de la economía y de la política tiene en nuestro país una expresión dramática y atroz con las diferentes formas y modalidades de violencias desatadas en varias regiones del territorio nacional, en donde los grupos armados ilegales se disputan el poder territorial, las rutas del narcotráfico, la explotación ilegal de las minas, a la par que asesinan y masacran campesinos, desaparecen personas y siembran el terror ante la ausencia de un Estado fallido y ausente de una realidad económica, política y social frente a una población que clama por un cambio social que no llega ni permite que la Colombia profunda tenga por fin una segunda oportunidad de vida y de convivencia social.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social