Por Benjamín Barney Caldas
Arquitecto de la Universidad de los Andes con maestría en historia de la Universidad del Valle y especializaciones en la San Buenaventura. Ha sido docente en los Andes y en su Taller Internacional de Cartagena; en Cali en Univalle, la San Buenaventura y la Javeriana, en Armenia en La Gran Colombia, en el ISAD en Chihuahua, y continua siéndolo en la Escuela de arquitectura y diseño, Isthmus, en Panamá. Miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali y la Fundación Salmona. Escribe en El País desde 1998, y en Caliescribe.com desde 2011
Rescatarla del populismo, la improvisación y la corrupción
En ciudades que muy rápidamente se han vuelto muy grandes, como Cali, la política de verdad, tal como se inició en la polis griega (una pequeña agrupación urbana y el territorio circundante), podría rescatarlas del populismo, la improvisación y la corrupción con que se han manejado en las últimas décadas, mediante varias comunidades políticas, constituidas por los vecinos de sus diferentes barrios. Serían agrupaciones cívicas de ciudadanos (como la Fundación de Vecinos de San Antonio) que respalden aquellos candidatos al Concejo Municipal y a la Alcaldía que a su juicio sepan entender no sólo las necesidades y recursos de sus habitantes, sino la ciudad misma.
En una democracia un ciudadano lo es plenamente cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, su voto o su protesta. Por eso, cuando en Cali desde cuando se implementó esta medida, en 1986, ignorando que no era el momento oportuno, y más de la mitad de sus habitantes, habilitados para hacerlo, siempre se abstiene de votar para sus alcaldes y concejales, quedando en duda su manejo desinteresado, al permitir que sea una minoría la que los escoge, y peor si muchos son votos comprados. En otras palabras, en Cali la elección popular de sus alcaldes no ha sido en verdad democrática, como tampoco lo sería revocarla ahora, por lo que sólo queda educar a sus habitantes.
El caso es que en toda ciudad la política siempre será ineludible para poder concretar todos sus temas implícitos, ya sea primero para su discusión como luego para su ejecución. Al fin y al cabo es el conjunto de actividades asociadas a la toma de decisiones en grupo, como lo es la organización del territorio mediante un POT, los planes urbanos parciales (usos del suelo, alturas, paramentos), vialidad y transporte, y la distribución de los recursos para llevarlos a cabo, promoviendo la participación ciudadana según sea necesario para garantizar el bien común de todos sus habitantes, por encima de las relaciones de poder entre individuos y de su permanencia en sus distintos cargos.
Por eso es imprescindible una divulgación más amplia, entre los ciudadanos, de todos los planes y proyectos a largo plazo para la ciudad, una vez que la academia, las instituciones cívicas y los gremios profesionales hayan verificado su pertinencia y viabilidad y omitido su opinión, y que todos puedan tener después un mejor criterio al analizar las propuestas al respecto para su ejecución. Es decir, que sean decisiones colectivas adoptadas por la mayoría de los ciudadanos mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieran legitimidad a sus representantes, y les permitan a los ciudadanos escoger en función de ellas sus candidatos al Concejo como a la Alcaldía.
En últimas, de lo que se trata es de votar por ideas no apenas por personas o, mejor, por personas con ideas para mejorar a Cali, relativas a su urbanismo, seguridad, civismo y, por supuesto, a cómo impulsar la participación de los ciudadanos en el manejo de la ciudad y en el control del correcto desarrollo de sus diferentes planes. Sólo así se podría dar un decidido impulso al “mejoramiento social y cultural de sus habitantes”, el que debe ser el objetivo final de un régimen municipal, como corresponde al sistema democrático que rige en Colombia, en la realidad más que en el papel, pues la soberanía ya residiría en los ciudadanos y no en abstencionistas, ignorantes, demagogos y corruptos.
