María del Rosario Guerra
Senadora de la República
En el tercer período legislativo que culminó el 20 de junio, logré que dos proyectos de ley de mi autoría fueran aprobados en los cuatro debates reglamentarios para pasar a sanción presidencial. Ellos son la exención de pago de la Prueba Saber 11 para aquellos jóvenes registrados como víctimas de la violencia, y la creación del sello de gastronomía local para preservar y potenciar la cocina tradicional.
El primero establece que las víctimas de la violencia menores de 21 años, acreditadas en el Registro Único de Víctimas -RUV- que pertenezcan a los grupos A, B y C (pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerable, respectivamente) del Sisbén IV y que hayan alcanzado los requisitos académicos, podrán presentar de manera gratuita y por una única vez, el examen de Estado Saber 11, conocido en el pasado como el examen del Icfes. El costo de dicha prueba es de $49.500 para colegios oficiales. Con esta decisión se facilita el acceso a la educación superior, y elimina una de las barreras para que esta población vulnerable pueda cumplir con este requisito académico.
Esta propuesta surgió de un diálogo en Cali, hace dos años, con la directora de la oficina de víctimas del Valle, Luz Adriana Toro, y un grupo de jóvenes, sobre las dificultades que para muchos de ellos era conseguir la plata para pagar el examen de Estado, y así poder aspirar a ingresar a una formación técnica, tecnológica o universitaria. Esa barrera había que superarla. Por ello, esta iniciativa contó con el apoyo unánime del Congreso de la República y el respaldo de la Ministra de Educación Nacional. Hubiésemos querido la eliminación del pago para todos los estudiantes, pero lamentablemente la situación de las finanzas del Icfes no permitía prescindir de esos ingresos.
Es importante precisar que los beneficiarios solamente serán aquellos cuya información provea la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y por supuesto lo contenido en los registros que, sobre matrícula estudiantil, lleve el Instituto Colombiano para la Evaluación (Icfes). Con este proyecto de ley se da un paso más hacia la equidad y la inclusión social de nuestros jóvenes, quienes deben encontrar en la educación superior un factor de realización personal, de movilidad social y de mejoramiento de las condiciones laborales, así como de contribución al desarrollo nacional.
El otro proyecto de ley que pasa a sanción presidencial es la iniciativa que dará luz verde a la creación de un sello de calidad que impulse, salvaguarde, reconozca y fomente la gastronomía tradicional colombiana. Una gran oportunidad para ser parte de la dinámica futura del sector gastronómico, el cual según Acodres, gremio que asocia a los restaurantes formales, representa el 2.9% del PIB, y genera $9.1 billones al año.
Con este proyecto también se crea la ruta turística de la gastronomía tradicional, dando un reconocimiento especial a la cocina colombiana, en el que convergen no solo recetas tradicionales y centenarias, sino el proceso de cocción y la cultura que rodea cada uno de los platos, dependiendo la región de origen. En los últimos años, nuestro país se ha consolidado como destino gastronómico internacional.
Es importante reconocer a ese grupo de pequeños restaurantes de Chía, que hace tres años me invitaron para que escuchara sus preocupaciones sobre los riesgos de supervivencia de la cocina tradicional, frente al crecimiento de los restaurantes de cadenas y las franquicias. De esa reunión surgió este proyecto de ley, que contó con el apoyo del Ministerio de Cultura, y gremios regionales y nacionales de restaurantes y cocineros tradicionales. Igualmente, tuvo el respaldo de la FAO, dada la articulación prevista en el proyecto de ley entre los restaurantes y la producción agroalimentaria local para la preparación de los platos tradicionales.
Finalmente, no puedo dejar de lado otra iniciativa que pasa a sanción presidencial, y de la cual fui coautora y ponente, y es la que da luz verde a la creación de la estampilla pro – Universidad del Quindío. Con ella se busca recaudar $50 mil millones para impulsar proyectos de investigación, fortalecimiento académico, desarrollo tecnológico y mejoramiento de la infraestructura de la institución. Más de 16.500 estudiantes se beneficiarán de estos recursos.
Se avecina un nuevo periodo congresional y con él llegarán nuevos desafíos, entre los más importantes la discusión y urgente aprobación de una reforma fiscal que contribuya no solo a financiar los necesarios programas sociales que han ayudado a paliar los efectos adversos de la pandemia sobre los hogares pobres y vulnerables, como Ingreso Solidario o el incentivo para la vinculación laboral de los jóvenes, sino para contribuir a cerrar la brecha de las finanzas públicas.
El próximo 20 de julio que se inicia la última legislatura del cuatrienio, continuaré con la misma dedicación y compromiso debatiendo y aportando propuesta que contribuyan a la generación de empleo digno, al mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos y al fortalecimiento productivo.