Reforma tributaria: remedo fiscalista y demagógico
Segundo intento
*PABLO A. BORRERO V. LUZ BETTY J. DE BORRERO
La nueva “reforma tributaria” que presentará el gobierno del presidente Duque el 20 de Julio en que se inicia la nueva legislatura del Congreso, hace parte de la estrategia del gobierno para darle confianza a las calificadoras de riesgos internacionales y para apaciguar los ánimos de los contribuyentes y ciudadanos en general que no ven en ella la solución que demanda el pueblo colombiano a través del ejercicio legítimo de la protesta social.
El recaudo de los 12.5 billones de pesos de los cuales el 60% lo cubrirán los empresarios, se trasladarán en la práctica a los consumidores a través de los precios de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado y con lo cual se incrementará el costo de vida generándose más desigualdad social y pobreza generalizada.
El carácter fiscalista de la reforma se expresa en el propósito de recaudar ingentes recursos a través del crédito con la banca nacional e internacional para cubrir el enorme déficit fiscal que supera los 90 billones de pesos y de esta manera recuperar el grado de inversión, circunstancia que aumentará considerablemente el endeudamiento.
No obstante que la propuesta limita el gasto relacionado con el crecimiento y funcionamiento del aparato estatal en 1.9 billones de pesos y se fortalece la lucha contra la evasión fiscal en 2.7 billones de pesos, con las reformas que se harán a la DIAN y a la Justicia no será posible cumplir con dicho propósito en la realidad, en tanto se incrementa por otra parte el gasto militar.
Aunque en principio el ajuste de la tarifa de renta pasará del 30% al 33% para los principales gremios de la producción y se reduce del 100% al 50% el descuento del impuesto de industria y comercio del impuesto de renta, esto tendrá un carácter temporal y se aplicará en el año 2022.
Con este segundo intento el gobierno Duque le trasladará al nuevo gobierno, el fardo de una reforma que no tiene nada de estructural ni funcional y que aparentemente beneficiará los hogares de las familias de la denominada clase media al ampliar la base gravable del impuesto de renta y acabar el grupo de exenciones del IVA.
Mientras tanto se mantiene el subsidio a la nómina (PAEF) en favor de los pequeños empresarios que contraten nuevos trabajadores. Igualmente se extenderá hasta diciembre del año 2022 el ingreso solidario para quienes no participen en los programas de familias en acción, jóvenes en acción, etc.
Finalmente se propone la suma de 700 mil millones de pesos por año para atender el pago de la matrícula de los estudiantes que ingresan a las universidades oficiales y privadas pertenecientes a los sectores mas pobres y vulnerables de la sociedad, que por supuesto logren pasar los exámenes de ingreso, lo que en cierta forma constituye una limitación objetiva dada la inmensa demanda de aspirantes y de la reducida oferta universitaria.
Y en cuanto a la generación de nuevos empleos debe decirse que la propuesta que contiene la reforma del 25% del salario mínimo para las empresas que contraten jóvenes y del 10% para el resto de la población en edad de trabajar con ingresos hasta de 3 salarios mínimos mensuales, permitirá que los empresarios se aprovechen de esta oportunidad para reemplazar con jóvenes a los trabajadores veteranos, aumentándose con ello el desempleo en todo el país.
Dicha reforma de carácter fiscalista y demagógica poco o nada tiene que ver con las necesidades e intereses de quienes participaron en la protesta social y más bien constituye una forma de apartar a los jóvenes, trabajadores y contribuyentes de la lucha social por la aprobación de una verdadera reforma tributaria acorde con los principios de equidad, progresividad y justicia tributaria de que trata la Constitución Política.
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
Cali, Julio 17 de 2021
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la
Democracia y la Convivencia Social