María del Rosario Guerra
Senadora de la República
Esta semana revivió un tema espinoso para quienes hemos sido detractores del acuerdo fraguado entre Juan Manuel Santos y las Farc. Acuerdo que prometió paz, pero que solo ha dejado impunidad, incumplimiento y premios para los victimarios, en especial para los autores intelectuales de conductas macabras e inhumanas como secuestros, violaciones, abortos, desaparición forzada, reclutamiento de menores y terrorismo, entre muchas otras conductas punitivas. Me refiero a esos exFarc que hoy tienen curul en el Congreso, sin pagar un solo día de cárcel, sin reparar a las víctimas y mucho menos decir toda la verdad.
Recuerdo como si fuera ayer una de las tantas afirmaciones mentirosas y engañosas de Santos en una entrevista con la periodista Claudia Gurisatti en la que aseguró: “Paz con impunidad no puede haber. La paz se tiene que dar con justicia, y esa justicia implica que las Farc tienen que ser investigadas y condenadas por los delitos que han cometido”, algo en lo que sin duda la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada por el acuerdo a la medida de las Farc, ha considerado como suficiente condenar a algunos de los líderes de Farc, sin que ellos pierdan beneficios como estar en el Congreso de la República, hacer política, recibir recursos del Estado y evitar ir a la cárcel. Una burla al Estado de Derecho.
Traigo a colación el tema, porque con la decisión de esta semana emitida por la Corte Constitucional, y previamente del Consejo de Estado, se revive uno de los puntos más polémicos del acuerdo con las Farc, y es la creación de curules en el Congreso supuestamente para las víctimas. No sólo reitera nuevamente el desconocimiento a la voluntad popular lograda en las urnas, con la mayoría obtenida por el NO en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 (6.424.385 de votos), sino que presiona al Legislativo y al Gobierno Nacional para que promulguen la ley que las crea. Durante la discusión en el Congreso de la República del proyecto de ley que creaba y reglamentaba las curules siempre defendimos, desde el Centro Democrático, que esos escaños efectivamente fueran para las victimas y no para los victimarios. Ello porque todo el diseño legislativo estaba dado para beneficiar a estos últimos.
El mayor temor es que los excabecillas y excombatientes de las Farc, e incluso las mal llamadas disidencias, terminen colándose como supuestas víctimas y manipulando el proceso electoral en las regiones que fueron el epicentro de la violencia que ellos propiciaron por años y en las que muchos de ellos aún habitan, para quedarse con esas 16 curules a punta de intimidaciones y del dinero de sus andanzas ilícitas como el narcotráfico.
Las curules deben ser para esas personas que sufrieron en carne propia la sevicia, el odio y la sed de poder criminal de las Farc; es decir, para aquellas que estén reconocidas en el registro de la Unidad Nacional para las Víctimas (9.153.078 personas). Este proceso exige tener especial vigilancia, para blindar a la Cámara de Representantes, y a la democracia, de tener que abrirle la puerta, por dos periodos constitucionales (2022-2026/ 2026-2030), a más exjefes, excombatientes o alfiles de grupos armados como las exFarc, o a las mal llamadas disidencias, al Eln o a las bandas criminales. No podemos permitirnos como país tener más genocidas en el Congreso de la República. Me viene a la memoria sobre ese tema otra afirmación mentirosa del expresidente Santos en 2014, cuando le aseguró al país que “no habrá curules para las Farc”, y hoy los tenemos allí ocupando curul como representantes y senadores, y posando como adalides de la moral. Eso no puede volver a pasar. Las curules NO se regalan, se ganan. No nos van a meter gato por liebre esta vez. No más complacencias con criminales ni asesinos confesos.
Las víctimas deben tener voz y voto para equilibrar las cargas, y eso no está en discusión. Lo que no puede permitirse en que se engruese la presencia de más exFarc en el Legislativo. Las víctimas aún después de la firma de ese “acuerdo,” vendido con canto de sirenas y además impuesto, siguen a la espera de verdad, justicia y reparación, pero no a medias o que siga en veremos como está sucediendo. Una burla para quienes se suponía siempre fueron el centro de esa negociación entre Santos y las Farc, o por lo menos eso fue lo que aseguró el entonces jefe de Estado en 2017: “escogimos a la víctima como el centro (…) no era para cumplirle a las Farc, es para las víctimas”, algo que a la fecha está muy lejos de ser una realidad.
Y para que tampoco se olvide, otra mentira de Santos en 2016 cuando aseguró que: “las Farc tendrán que declarar y entregar todos sus bienes, so pena de perder los beneficios, porque estos se usarán para reparar a las víctimas”, algo que está muy lejos de pasar, pero eso sí, los beneficios siguen y al parecer seguirán a la orden del día para los victimarios, porque las victimas continúan esperando. Simples ironías.
Serán la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral y la Unidad para la Atención de las Víctimas los encargados de velar por la transparencia y seguridad de este proceso. Qué bueno que se creara un comité ciudadano especial de vigilancia para que los inscritos en las diferentes listas y regiones para acceder a esas curules sean víctimas de la violencia de la guerrilla, el paramilitarismo y la criminalidad organizada. No puede haber lugar a manipulaciones de ninguna índole.