Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
De acuerdo con la Constitución y las leyes de la república, los servidores públicos no solo deben responder por las violaciones a dichos estatutos jurídicos, sino por actos de omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones públicas. Esta circunstancia se ha vuelto cada vez más recurrente y patética tratándose de la administración de la ciudad de Cali en donde ciertos funcionarios se sienten por encima de los ciudadanos que reclaman y exigen el cumplimiento de sus demandas y requerimientos de carácter prioritario, olvidándose en este caso que dichos funcionarios podrían estar incursos en conductas que lindan con responsabilidades penales, administrativas y fiscales.
Existen suficientes evidencias que demuestran que la falta de autoridad en la regulación y control de la movilidad y del tránsito han generado un verdadero caos en la ciudad a todo lo cual se suma el mal estado de las vías, la ausencia de señalización adecuada y del funcionamiento regular de la red de semáforos, etc. Esta circunstancia se agravó con los actos vandálicos y la indisciplina social de los caleños que violan permanentemente las normas de tránsito.
No obstante las promesas de la secretaría de movilidad y las reparaciones parciales realizadas por ejemplo en la red de semáforos, el hecho real es que se requiere de un plan general con prioridades dirigido a recuperar y mejorar la movilidad en la ciudad deteriorada en buena parte por la inacción de algunos funcionarios y la ausencia de planificación y programación de las obras acorde con los intereses y necesidades de los ciudadanos y no de los constructores de turno, a quienes se les adjudican casi siempre la ejecución de tales obras sin que exista de por medio la licitación pública.
Así mismo urge que las autoridades elaboren cuanto antes un plan general de bacheo de las calles plagadas de huecos, generadoras de infinidad de accidentes que han dado lugar a demandas contra el municipio de Cali que en año y medio la obligaron a pagar más de cinco mil millones de pesos.
La disculpa para no ordenar la reparación de las vías tiene su origen en la respuesta de siempre, relativa a que los recursos de que antes se disponía para atender este frente de obras, hoy están destinados para financiar el transporte masivo MIO en lo que se conoce como la sobretasa a la gasolina.
El abandono de algunas obras que debían realizarse en el denominado parque de los Periodistas han generado sobrecostos por la improvisación en su planificación. Mientras tanto se invierten sumas millonarias en la ejecución de obras no prioritarias como sucedió con la Plazoleta Jairo Varela y el parque del acueducto de San Antonio en el que se invirtieron ingentes recursos para ejecutar varias obras civiles con las cuales se cambió la vocación natural del parque al construirse en su interior un conjunto de caminos y de puentes innecesarios contrarios a su verdadera esencia natural.
Hasta ahora no se sabe a ciencia cierta cuándo se atenderán los reclamos y si en el tiempo que le queda al gobierno del alcalde Jorge Ivan Ospina se cumplirán las promesas de estos servidores públicos, encargados de la movilidad, el bacheo de las calles y la remodelación del parque de los periodistas.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social