María del Rosario Guerra
Senadora de la República
El presidente Iván Duque inicia 12 meses decisorios para el cierre de su gobierno, el cual ha estado enmarcado en tres pilares: legalidad, equidad y emprendimiento. En los grandes retos de este tiempo que le resta al gobierno están la vacunación masiva, la reactivación económica, la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad, estabilizar las finanzas públicas y, sin duda alguna, reforzar y ampliar la cobertura de los programas sociales para apoyar a los más pobres y vulnerables, quienes se han visto mayormente afectados por la pandemia, el paro y los bloqueos.
Iniciemos con la inmunización. A la fecha han sido aplicadas 30’883.739 vacunas, de las cuales 17’480.369 corresponden a la primera dosis y 10’804.2558 a la segunda. Otras 2’599.112 personas han sido inoculadas con monodosis, es decir, la vacuna que es de una sola aplicación. En total, según el Ministerio de Salud, Colombia registra 13’403.370 de aplicaciones completas. Un proceso que avanza a toda marcha, muy a pesar del pesimismo de algunos, quienes no solo le apostaron al fracaso, sino a la pérdida de muchas más vidas como consecuencia de la propagación del virus, lo cual ha sido contrarrestado por los protocolos de bioseguridad adoptados oportunamente por las autoridades sanitarias, así como por las negociaciones prudentes y acertadas del gobierno con las casas farmacéuticas para la rápida adquisición de las vacunas, y las donaciones recibidas. El proceso, y lo demuestran las cifras, va por buen camino y se alcanzará la meta prevista de vacunar a 35 millones de colombianos para octubre de este año. Gracias a ello se han reducido los contagios y las muertes por covid-19, pero el riesgo de nuevos picos sigue latente si no continuamos con los protocolos de bioseguridad y los ciudadanos deciden vacunarse. Para dimensionar el peligro que corren los colombianos que no se han vacunado está la cifra entregada este viernes por el Ministerio de Salud, en la que informa que, de las 27.604 personas hospitalizadas actualmente por coronavirus, el 78,6% no están inmunizados.
Otro gran reto para este último año de gobierno es la reactivación económica. El golpe que sufrió la economía colombiana en 2020 no tiene precedentes en la historia reciente de nuestro país, con una contracción del PIB de 6,8%, la caída del recaudo tributario de 7,1% y una tasa de desempleo nacional de 15,9%. Por ello uno de los mayores desafíos que ha enfrentado al gobierno del presidente Iván Duque es el retorno a la senda de crecimiento económico, la generación de empleo, y la estabilidad de las finanzas públicas. Sobre el primer punto, las expectativas de crecimiento para el cierre del año 2021 son de 7,5% y de 3% para 2022. El dinamismo de la actividad económica deberá ir acompañado de generación de empleo. Por ello los alivios que se han planteado a las empresas a través del programa PAEF, de subsidio a la nómina y de su extensión hasta el 2022; fortalecimiento en condiciones favorables de las líneas de crédito; construcción y culminación amplia de proyectos de infraestructura vial, vivienda y deportivos; así como alivios tributarios; así como mantener la dinámica del consumo interno con las ayudas sociales, son fundamentales. Bien decía el gerente general del Banco de la República en su informe al Congreso que es la primera vez en muchas décadas que un gobierno aplica una política contra cíclica y que sus efectos positivos son evidentes.
Es necesario que todos aunemos esfuerzos en promover la inclusión al mercado laboral de los segmentos de la población que, como consecuencia de la pandemia y los bloqueos, se han visto más afectados, como es el caso de los jóvenes y las mujeres, quienes según los últimos reportes del Dane registran una tasa de desempleo de 23,3% y 19% respectivamente. De ahí la importancia del estímulo de un 25% de un salario mínimo para las empresas que contraten formalmente a jóvenes, mujeres y personas en condición de discapacidad; continuar estimulando los proyectos de emprendimiento y más acceso a formación para el trabajo.
En lo que respecta a la estabilidad de las finanzas públicas, si bien los niveles de deuda del Gobierno Nacional Central alcanzan el 64,8% del PIB, estos recursos han sido fundamentales para contrarrestar los efectos que ha ocasionado la pandemia, especialmente en la mitigación del incremento de la pobreza que, de no haber sido por las ayudas gubernamentales, hubiera alcanzado niveles de 46,1% en pobreza monetaria y 19,8% en pobreza extrema. Sin embargo, como he manifestado en reiteradas ocasiones, esta deuda deberá pagarse y muy seguramente más costosa no sólo por el aumento en la devaluación sino por la pérdida del grado de inversión anunciado por las calificadoras de riesgo Standard and Poor y Fitch Rating. En esta misma línea, es imperativo aprobar el proyecto de ley de Inversión Social presentado recientemente por el Gobierno, dado que con él no solo se busca garantizar la estabilidad de las finanzas públicas, sino también dar continuidad a los programas como Ingreso Solidario, extensión del PAEF y gratuidad en la educación superior. De ahí mi invitación a los colegas de las comisiones económicas conjuntas del Senado y de la Cámara para que le pongamos el acelerador a la discusión, ya que de su aprobación depende no solo la continuación sino el fortalecimiento de estos salvavidas sociales que puso en marcha el gobierno Duque para paliar los duros efectos de la pandemia en miles de hogares colombianos.
Entre las prioridades de este gobierno también estará la seguridad y la lucha contra el narcotráfico y la ilegalidad. En este punto quiero hacer especial énfasis en que no puede finalizar este gobierno sin que se haya retomado la aspersión aérea con glifosato para erradicar las más de 200 mil hectáreas de cultivos ilícitos, así como el fortalecimiento de los programas de sustitución, y golpear las finanzas de esas estructuras criminales que tanto daño le hacen a los territorios. No se puede olvidar que de esa actividad ilegal se derivan graves problemáticas como el homicidio de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, pero, además, mantiene viva la chispa de la violencia y la delincuencia en varias zonas del país. Según el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y de Policía han erradicado en lo que va corrido de este año, 38.000 hectáreas de cultivos ilícitos; decomisado más de 346 toneladas de cocaína, 30% más que el mismo periodo del año anterior y destruido más de 3.683 laboratorios e infraestructuras para la producción de coca, 14% más respecto a 2020. Hay avances, pero aún hay mucho por hacer, y lo más efectivo es la aspersión aérea.
Al presidente Iván Duque en sus tres años de gobierno le ha tocado enfrentar tres hechos excepcionales: una pandemia que no se veía en un siglo, una oposición irracional y desbordada en su ambición de poder, y varios paros, pero el más reciente inhumano, con bloqueos y hechos de vandalismo, que pusieron en ‘jaque’, por más de 60 días, la seguridad alimentaria, la reactivación económica y la seguridad institucional y física de miles de colombianos. Tengo la plena certeza de que el presidente Iván Duque se mantendrá sereno, prudente y estratégico en sus decisiones ante la adversidad que vive nuestro país, y que continuará con la mano firme para defender la democracia, las libertades, el orden y las instituciones, y el corazón grande para apoyar la reactivación económica y el bienestar ciudadano. Bien lo dijo el presidente en su discurso del pasado 7 de agosto: “No descansaremos un solo día”, como no lo ha hecho hasta ahora en estos tres primeros años, para seguir construyendo país y un presente y futuro para todos.