María del Rosario Guerra
Senadora de la República
El Congreso de la República dio luz verde a la Ley de Inversión Social que traerá equidad, reducirá la pobreza, apoyará a los más vulnerables, combatirá el desempleo y ayudará a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan sostener e incluso ampliar su planta de trabajadores.
Tengo que decir que esta iniciativa presentada por el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Hacienda fue ampliamente discutida y analizada desde su construcción, en donde participaron más de 500 representantes de la sociedad civil, hasta su llegada al Congreso de la República, en donde fue estudiada y debatida por las comisiones económicas conjuntas. No en vano la tardanza para radicar la primera ponencia hasta tanto no existiera un consenso que permitiera cumplir con el objetivo social y de recuperación de las finanzas públicas, fijado por el presidente Iván Duque. No es cierto que éste fue un proyecto hecho a la carrera y mucho menos aprobado a “pupitrazo” como algunos quisieron mostrarlo. Quienes se abstuvieron de votar e incluso abandonaron el recinto del Senado o la plataforma virtual, le dieron la espalda a esos mismos que ellos con tanto ahínco dicen defender y apoyar, pero que realmente lo que les interesa es que se mantengan en la pobreza y dificultad para tener discurso y poder estar en las calles y justificar sus aspiraciones políticas, sin darles soluciones.
El proyecto de Inversión social que pasa a sanción presidencial busca recaudar $15.2 billones mediante tres grandes fuentes: $9 billones que se recaudarán del aumento del impuesto de renta de 31% a 35% a las empresas y que lo pagaran principalmente el 10% de las grandes empresas del país, sumado a la sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales, con lo cual las empresas de este sector pagaran 38% de impuesto a la renta. La segunda fuente proviene de la austeridad en el gasto del Estado que busca aportar $1.9 billones al año, y una tercera fuente provendrá de la lucha frontal contra la evasión que se espera recaude $2.7 billones.
La prioridad en la destinación de esos recursos se dará a cerca de 21 millones de colombianos que están en situación de pobreza y vulnerabilidad, a trabajadores de empresas afectadas por la pandemia, el paro y los bloqueos, y a jóvenes, mujeres y personas en situación de discapacidad.
Para reducir la pobreza y pobreza extrema que hoy es de 42,5% y 15,1% respectivamente, y llevarla al menos al nivel de antes de la pandemia de 34,3% y 6,7% respectivamente, y reducir la inequidad de 54,4 a 51,2, medida por el coeficiente de Gini, las más importantes medidas que contempla el proyecto de Inversión Social son las siguientes: (a) la extensión del programa Ingreso Solidario hasta diciembre de 2022, y su ampliación a 4 millones de personas con una transferencia de $160.000 mensual. (b) aumento del subsidio para cerca de 1.7 millones de adultos del programa Colombia Mayor, el cual no podrá ser inferior al monto equivalente a la línea de pobreza extrema. (c) establece como política de Estado la Matrícula Cero para los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 en las instituciones de educación superior pública, garantizando así la gratuidad educativa a cerca de 700 mil jóvenes. En esa línea, también contempla medidas de alivio para quienes tengan créditos educativos con el ICETEX. (d) incentivos para la contratación formal de jóvenes menores de 28 años mediante un subsidio del 25% de un salario mínimo, a mujeres mayores de 28 años con un incentivo del 15% y personas en condición de discapacidad. Con esta medida se beneficiarán a cerca de 800.000 empleados formales.
Sobre las medidas enfocadas en la generación de empleo y reactivación económica, se resalta la ampliación temporal del Programa de Apoyo a la Nómina (PAEF) con el que se busca beneficiar a cerca de 60 mil micro y pequeñas empresas, protegiendo en promedio más de 400 mil empresas por mes. Así mismo, se amplía el umbral para la inscripción en el Régimen Simple de tributación de 80 UVT ($2.800 millones) a 100 UVT ($3.600 millones), permitiendo que cerca de 500 mil empresas que actualmente pagan impuesto de renta, puedan acceder a este régimen, beneficiándose con reducción y simplificación de su carga tributaria y pagando impuesto de renta entre el 1.8% y el 14,5% de los ingresos brutos, según el sector, incluyendo en ese monto el pago de IVA, impo consumo, ICA y parafiscales. Además, plantea la autorización de líneas de crédito con tasa de interés compensada para empresas y entidades territoriales.
Se estima que con las medidas enfocadas en la generación de empleo la tasa de desempleo se reduzca a 12,5% en 2022, de cerca de 14,3% que tenemos hoy.
Esta Ley no pone fin a muchas de las problemáticas que tiene nuestro país, pero sí contribuye a la recuperación urgente de las finanzas públicas, duramente golpeadas por el covid-19, los bloqueos y protestas. Así mismo dará la mano a esa población de más bajos recursos que también vio notablemente afectada su calidad de vida. Es hora de ser solidarios y de respaldar al Gobierno Nacional en la puesta en marcha de esta iniciativa. No es momento de populismos ni protagonismos individuales, aquí el objetivo es levantarnos de la crisis y seguir adelante para recuperar la senda de crecimiento de la economía y mejorar las condiciones de vida de los colombianos más vulnerables.