Redacción
Esta semana las Empresas Municipales de Cali ha estado en los comentarios ciudadanos, del Concejo, de los abogados y de la justicia por los contratos en Puerto Mallarino con dos consorcios (clarificación Puerto Mallarino y renovación. Puerto Mallarino) que lograron la firma de la empresa con documentos falsos. Y todo por cuenta de la Fiscalía que se deriva de contratos en la PTAR con Emcali y del contrato entre el ministerio de las TIC (Mintic) y Centros Poblados, donde coinciden las empresas contratistas, con el ciudadano Herles Ariza Becerra, epicentro de ambos escándalos. La Fiscalía encontró que las certificaciones de los cupos de crédito del banco Itau, que hicieron parte del proceso licitatorio para obtener los contratos con Emcali, no son veraces, caso similar a Centros Poblados.
Los contratos de EMCALI – Ac y Alcantarillado
Consorcio clarificación Puerto Mallarino es por un valor de $3.798 millones y con Renovación Puerto Mallarino por $2.414 millones; se trata de renovar, ejecutar mantenimiento y desarrollar obras civiles en la planta de tratamiento de aguas residuales de Puerto Mallarino. Y los contratos fueron firmados en abril del año 2021 tienen un valor de $6.212 millones.
Ambos contratos tienen los mismos socios, las mismas empresas: una de Girardot Aescaf S.A.S ejecutora de viviendas; otra de Montería Proctor S.A.S, ejecutora de obras civiles y la consultoría técnica la latinoamericana Contelac S.A.S.
El problema en Emcali, solución
Uno de los consorciados presentó en la licitación ante Emcali documentos firmados por un funcionario del banco Itau, garantía real sin respaldo bancario o ha sido señalada por no ser documento veraz por parte de la Fiscalía General de la Nación ( la firma ) y en consecuencia es causal de terminación del contrato.
La solución ante este problema tan grave sería que Emcali de por terminado el contrato unilateralmente, el primero de Clarificación Puerto Mallarino que ha ejecutado actividades pero no ha recibido emolumentos y en el de Renovación Puerto Mallarino su ejecución es del 75%, que es una liquidación muy sencilla de pagar lo que se ejecutó hasta la fecha.
Las dificultades penales está con los directivos de Centros Poblados en la cárcel, confirmado eso por un juez de la República, que hace que el problema sea mayúsculo, en la medida que están interesados ellos en delatar y colaborar con la justicia.
Emcali con un corporativo que debe ser líder en transparencia pública, debe dar plena información como fueron las licitaciones, los proponentes, porque ganaron las firmas encartadas y proceder a dar por terminado esos contratos. Esto salvaría la imagen de la empresa, del gerente general (Juan Diego Flórez) y el gerente de acueducto y alcantarillado.