Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La creciente inseguridad en Cali ha generado una gran preocupación entre los habitantes de la ciudad que parece rebasar los límites y recursos de los que se dispone para enfrentar dicho flagelo, presente en barrios y comunas en donde se expande rápidamente y se reproduce sin mayor control.
Dicho fenómeno social es considerado por los ciudadanos como un asunto prioritario que debe avocarse en el corto plazo, el cual se refleja en las encuestas realizadas por el DANE para el 2021 en donde se puede percibir su crecimiento inusitado.
En el caso de Cali la proliferación del delito ha sobrepasado las medidas adoptadas por las autoridades administrativas y de policía, que por lo demás no cuentan con el personal suficiente ni con los recursos técnicos necesarios para cubrir al conjunto de la población urbana y rural garantizándoles así su seguridad.
Al respecto, en el presupuesto de la vigencia fiscal 2022 el rubro destinado a la seguridad por la administración distrital se redujo en comparación con el aprobado para el año 2021, lo cual dificulta la acción de las autoridades policiales para la prevención del delito y persecución de los delincuentes que asaltan a los ciudadanos en las calles, parques, bares y restaurantes, sin que sea posible evadir la acción de los criminales que se han enseñoreado de la ciudad sin que se advierta la presencia de la policía en dichos lugares.
A lo anterior se suma el bajo índice de denuncias por parte de los ciudadanos que poco o nada confían en las autoridades y en algunos casos optan por hacer justicia de propia mano aumentándose el grado de violencia a que se ha llegado en la ciudad.
Esta situación hace parte de la crisis local y de sus habitantes además de la incapacidad de sus gobernantes para resolver los problemas derivados de la inseguridad, cuyas causas son de diferente naturaleza, en tanto que la manera de erradicarlas demanda de la adopción de una verdadera política integral de seguridad no limitada a valorarse con base en los resultados positivos o negativos que se reflejan en las estadísticas que muestran un aumento o disminución de los delitos y en las cuales se basan las autoridades para adoptar determinadas medidas de carácter administrativo o policivo.
Por otra parte, es necesario conocer el sentir de los ciudadanos que hoy han elevado su protesta airada ante las autoridades por no atender sus quejas y reclamos tal como lo ordena el mandato constitucional y legal que las obliga a proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
En otras ocasiones y desde la VEEDURIA que representamos, hemos presentado algunas sugerencias en torno a la necesidad de realizar un cambio estructural y funcional de la forma y metodología como se dirige y administran los asuntos relacionados con la seguridad desde el punto de vista de la convivencia social a cargo de las autoridades de policía y no obstante que el jefe de la misma en el Distrito es el alcalde quien en principio debe fijar la política de seguridad y de manejo del orden púbico, el cual depende del Ministerio de Defensa al que está adscrita la policía nacional.
Y de ahí, la necesidad de reformar dicha estructura, librando a las regiones, distritos y municipios del poder centralizado que en esta materia se ejerce desde el gobierno nacional, a fin de que el alcalde, conjuntamente con el Concejo Distrital asuman su competencia y determinen la política a seguir acorde con las necesidades e intereses de la ciudad y de sus habitantes, que en esta ocasión lamentablemente se convirtieron en rehenes de la inseguridad que cabalga simultáneamente con la pobreza, el desempleo, la desigualdad social que la reactivación económica no podrá superar sin la participación efectiva de los ciudadanos e instituciones del Estado.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social