Por Benjamín Barney Caldas
Arquitecto de la Universidad de los Andes con maestría en historia de la Universidad del Valle y especializaciones en la San Buenaventura. Ha sido docente en los Andes y en su Taller Internacional de Cartagena; en Cali en Univalle, la San Buenaventura y la Javeriana, en Armenia en La Gran Colombia, en el ISAD en Chihuahua, y continua siéndolo en la Escuela de arquitectura y diseño, Isthmus, en Panamá. Miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la Sociedad de Mejoras Públicas de Cali y la Fundación Salmona. Escribe en El País desde 1998, y en Caliescribe.com desde 2011
Una parte muy importante del buen gobierno de una ciudad, en tanto artefacto y lo que acontece en el, es dotarla de las normas necesarias y a continuación controlar que se cumplan. Como lo define el DLE (y lo precisa en varias páginas la Constitución de 1991) “el Alcalde es una autoridad municipal que preside el ayuntamiento y que ejecuta los acuerdos de esta corporación, sin perjuicio de sus potestades propias, y además es delegado del Gobierno en el orden administrativo” y, por su parte, un “Concejal es un miembro de una corporación municipal”; con lo que debería quedar claro que el Concejo es el que dicta las normas y el Alcalde quien controla que se cumplan.
En Cali, las deficientes normas al respecto de su seguridad, movilidad, demolición, construcción, ruido, y comportamiento ciudadano en el espacio urbano público o el respeto debido al mismo, o simplemente su inexistencia en no pocos casos, y sus respectivos controles, muy precarios, son en buena parte responsables de acrecentar sus principales problemas urbanos, tanto los mencionados como otros. Además, sobre el área metropolitana de hecho de Cali, de Yumbo a Jamundí entre el río Cauca y el piedemonte de la Cordillera Occidental, aún no oficializada, las autoridades de la ciudad no tienen autoridad, a pesar de que sus “desarrollos” sin control la afectan negativamente.
Y las malas normas, o su irresponsable inexistencia, y la falta de control suficiente, también amenazan a las principales preeminencias de la ciudad, en tanto artefacto, como lo son sus siete bellos ríos y sus muchas quebradas, sus tres cerros con la alta cordillera atrás, y demás paisajes de sus parques y zonas verdes; e incluso todo este asunto de normas y control afecta su confortable clima a lo largo de todo el año que permite la climatización pasiva y, por estar tan cerca de la línea ecuatorial, su iluminación natural, dos importantes ventajas en la reducción del uso de energía eléctrica y agua procurando evitar lo más posible el cambio climático y sus graves consecuencias.
Todo lo anterior desde luego redunda en los problemas económicos, sociales, culturales y políticos de la ciudad, y el hecho es que desde hace décadas los gobiernos municipales de Cali han sido, en este sentido de normas y controles para el artefacto urbano, muy malos: desde ocupar, que no urbanizar, los humedales del río Cauca al lado del jarillón, hasta permitir que la ciudad se extienda sin un Plan de Ordenamiento Territorial que contemple al tiempo usos del suelo y vialidad. Autoridades Municipales que no han entendido la ciudad en el sentido de polis (ciudad), política (normas) y policía (control); pero sus ciudadanos tampoco y continúan eligiendo malas autoridades municipales.
En conclusión, qué hacer para que esa mayoría que se abstiene (algo más de la mitad de los ciudadanos con derecho a votar) no lo haga y vote, así sea en blanco, y no permita irresponsablemente que sea siempre una minoría, cada vez más corrupta, la que elija a las autoridades municipales, departamentales y nacionales. Cómo lograr que los habitantes de Cali, ya cerca de los tres millones (los censos están mal planteados y deficientemente realizados), se conviertan en verdaderos ciudadanos que se interesen objetivamente por la ciudad y su calidad de vida en ella, y no apenas por lo que se informa que sucede allí: politiquería, asesinatos, robos, fútbol y reuniones de snobs.