Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El ejercicio de estos derechos políticos que constituyen elementos esenciales de la democracia, en general se han desnaturalizado en la medida en que solo se garantizan formalmente al ciudadano, los cuales se ejercen en medio de ciertas condiciones electorales caracterizadas por el soborno, la intimidación y la violencia, en tanto que los potenciales electores son tratados como masa electoral disponible por los dirigentes de los partidos y movimientos políticos que los manipulan a cambio de hacerles toda clase de promesas que en su mayoría son incumplidas por aquellos que resultan elegidos en este caso a los órganos de representación popular y a la presidencia de la república.
Colombia no es ajena a esta situación que se vive en la actualidad y que comporta especial interés en medio de la polarización política y del riesgo electoral que se corre como consecuencia de un incremento inusitado de la violencia y de la corrupción que se han extendido a lo largo y ancho del país de acuerdo con los informes de la Misión de Elección Electoral MOE-, y de la Fiscalía General, que en un número considerable de municipios y de capitales de departamentos se han enseñoreado dichos fenómenos derivados de diversos factores de carácter económico, político, electoral y de control territorial, los cuales ejercen una gran influencia en tratándose de los próximos comicios electorales.
Se trata de que a escasos treinta días de llevarse a cabo las elecciones al congreso de la República, son cada vez más evidentes la presencia y las acciones violentas de los grupos armados ilegales en contra de la fuerza pública, el asesinato de líderes sociales, la compra y venta de votos y la posibilidad de que se produzca un gran fraude electoral, casi que imposible de evitar en las condiciones de escalamiento de la violencia por ejemplo, en diferentes regiones del país como en la frontera con Venezuela y en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, Bolívar, Chocó, Cundinamarca, Boyacá y San Andrés en donde existe un grave riesgo en este caso.
Los anteriores hechos y circunstancias que le ocurren al país y a los colombianos no son casuales ni se suceden con ocasión de la realización de las elecciones de Marzo para el congreso y de Mayo y Junio si fuere necesario una segunda vuelta para elegir al nuevo presidente de la república. Lo cierto es que para la elección de alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles en el año 2019 ya existían este tipo de riesgos en materia electoral, particularmente en el Pacífico chocoano y nariñense, el bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, el golfo de Urabá, el Catatumbo, Arauca, la Guajira y el pie de monte llanero.
De lo anterior se puede deducir que el propósito de realizar elecciones libres y justas, difícilmente podrá materializarse en medio de la violencia y del fraude que sin lugar a dudas impactarán negativamente los comicios electorales y desde luego el derecho a elegir y ser elegido democráticamente, lo que además pone al desnudo la crisis institucional de la democracia liberal, del poder de la clase dirigente, de los partidos de gobierno desnaturalizados ante los ciudadanos que ya no creen en las instituciones ni en sus dirigentes que cada vez se muestran mas incapaces de garantizarles sus derechos y libertades afectándose con ello la legitimidad y la legalidad del proceso electoral.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social