Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
Solo basta con recorrer la ciudad y cualquiera se da cuenta de la lamentable situación que la ciudad padece. La inseguridad rampante es común, tanto en la ciudad urbana, como los corregimientos rurales. Convivimos con sofisticadas bandas criminales, oficinas de cobro, pandillas juveniles, los estragos del micro trafico y la permanente lucha armada del control territorial, calle por calle, barrio por barrio, comuna por comuna y sectores circunvecinos. Las balas perdidas de enfrentamientos sicariales, segando inocentes vidas de infantes y pacíficos residentes, es situación cotidiana.
Los grupos al margen de la ley, que por mas de medio siglo, controlaban extensos territorios rurales, a través de tácticas de guerrilla rural se han convertido en milicia urbana. El reconocimiento a los grupos alzados, protagonistas de los insensatos paros, bloqueos y protestas del año pasado, han legitimado su actuar. Carros bombas, activación de explosivos y ataques demenciales a la fuerza publica son actos desafiantes que sacuden el respeto institucional de las fuerzas de orden publico.
La inoperante justicia, permeada por ideologías anárquicas, se ha convertido en su mejor aliado. Exitosos procesos de inteligencia policial, identificación de delincuentes y posterior captura, algunas in fraganti, son dejados en libertad ligeramente, en controvertidos e inexplicables disposiciones judiciales.
Los estragos presenciados, en una lucha sin trincheras, sin limites, totalmente a ciegas, que demanda la fuerza publica, es aprovechada por la delincuencia común, compuesta por atracadores callejeros, apartamenteros y sofisticadas bandas de ladrones de vehículos.
La defensa propia despojada de legalidad, mediante absurdos e incongruentes controles a las armas de los ciudadanos de bien, han permitido, bajo el mismo principio del alquiler de bienes, la proliferación de organizaciones dedicadas a proveer de armamento a los delincuentes, por horas o días, disponiendo posteriormente de las armas utilizadas evitando su identificación y rastreo.
Los homicidios en Cali, relacionados o no al fenómeno del narcotráfico, aumentaron el año 2021, en un 13,2%, registrándose 1,217, situando la ciudad como la mas insegura en Colombia, y una de mayores en el continente americano. Bogotá, con población tres veces mayor, registró 1,126 y Medellín, comparable poblacionalmente, tan solo 403 homicidios.
El observatorio Cali como Vamos, en reciente entrega estadística, confirma que el 82,3% de la población caleña se sienten insegura y el 69,6% considera las cosas en Cali van por mal camino.
Tanto el elector caleño, como los egos de algunos candidatos a la alcaldía, se han equivocado en el pasado. Hábilmente los asesores publicitarios de los candidatos acudieron a la sensibilidad del electorado, confundiendo el voto sensato e inteligente por el voto emocional. El voto se dio por la frivolidad o candidez del candidato, su irrisoria formación académica o en otros casos, por el insulso discurso ideológico de cambio, que termina en consabidos altos niveles de corrupción.
Ad portas de elecciones para Congreso y posteriormente presidenciales, no nos equivoquemos. La situación de Cali es el patrón de la equivocación. Puede suceder en Colombia, sino votamos a conciencia.