Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Parodiando aquel refrán popular según el cual “si por allá llueve por acá no escampa”, puede afirmase que sí en la parte urbana de Cali aumentan la inseguridad, el mal estado de las vías y la deficiente prestación de los servicios públicos, en los 15 corregimientos que rodean a la ciudad se presentan mayores problemas debido al abandono de la administración de su obligación de atender los asuntos de dichos territorios y de sus comunidades.
El clamor ciudadano tiene fundamento en las denuncias de los ediles de las Juntas Administradoras Locales de los corregimientos ante el concejo distrital de la ciudad que poco o nada ha contribuido con la solución de sus problemas en torno al cumplimiento de las políticas contenidas en los planes de desarrollo de los alcaldes que ha tenido la ciudad en los últimos 30 años.
Así las cosas, tenemos que en la mayoría de los corregimientos no existen por ejemplo vías adecuadas y como dicen sus habitantes, “es un calvario transitar por dichas vías en épocas de invierno”. En cuanto a la seguridad, la secretaría del ramo reconoce que no existe la suficiente cantidad de agentes de policía para el control y vigilancia, en lo que se continúa trabajando según se dice con el comandante de la policía metropolitana.
A lo anterior se suman los problemas ambientales y destrucción de la fauna y de la flora a partir de los procesos de urbanización que están acabando con los bosques y contaminando las fuentes hídricas, conjuntamente con los procesos de explotación minera ilegal que se extienden sistemáticamente sin un control efectivo ni sanciones para sus promotores.
En el conjunto de los habitantes de los corregimientos que constituyen el 70% del área total del territorio municipal persiste la sensación de abandono de la administración pública, que en general no atiende los reclamos de los ciudadanos y menos ejecuta las obras prioritarias que se requieren para su desarrollo económico y social, tal como sucede con la necesidad de garantizar la potabilización del agua que consumen sus habitantes, la construcción de escuelas y colegios y de un transporte público eficiente como la titulación de los predios, etc.
En este caso resultan cada vez más evidentes las diferencias entre la zona urbana y la rural en relación con el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes la cual se deteriora significativamente como consecuencia de la falta de atención y solución de sus problemas seculares que en la actualidad se agravaron en medio de la crisis económica y de la pandemia del COVID-19.
Entretanto, se dejan de lado las soluciones de los problemas de la municipalidad mientras el alcalde Ospina hace gala del slogan según el cual “mi compromiso es con Cali, el tuyo es pagar los impuestos para lograr la reactivación de la ciudad”. Lo que por supuesto se despilfarran en la construcción de obras no prioritarias y de embellecimiento aparente de la ciudad para ocultar la pobreza y el caos reinante.
Dos de los problemas mas acuciantes de Cali tienen que ver en primer lugar, con la aparición de nuevas invasiones en la zona urbana y rural, en tanto no existe una política integral de vivienda ni de carácter demográfico que permita regular adecuadamente los procesos migratorios que se vienen dando en la ciudad. Lo que conduce a que se ocupen las reservas forestales, las zonas viales, generándose con ello un verdadero caos que afecta la prestación de los servicios públicos en general.
Mientras tanto en plena campaña electoral los politiqueros de oficio siguen propiciando invasiones valiéndose para ello de toda clase de argucias jurídicas como sucede en las zonas aledañas al monumento de Cristo Rey y otras zonas de la parte rural de Cali. De esta manera la solución de los problemas se hace más difícil de resolver en tanto el alcalde Ospina se ocupa de embellecerla con la ejecución de un conjunto de obras no prioritarias que hacen parte de la nueva estrategia del denominado urbanismo táctico, con el cual se alimenta la contratación oficial con la clientela electoral afecta a su mandato y ejecutorias disfrazadas de defensa del interés general.
En segundo lugar, el problema del agua tiende a convertirse en un asunto crítico como consecuencia de la contaminación de las fuentes hídricas y del creciente desarrollo de la población que exige que en el corto y mediano plazo se construya un nuevo acueducto.
Es lamentable que en la actualidad no existe una política integral de protección de las cuencas de los siete ríos tutelares de la ciudad que paulatinamente han reducido sus caudales y algunos se encuentran en proceso de extinción que afecta no solo a la población, sino que amerita responsabilidades con cargo a las autoridades que han sido negligentes con su tratamiento y recuperación.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social