Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
En época de campaña electoral siempre se habla de pobreza, desnutrición, hambre, abandono a la población infantil y juvenil, todo y cada uno de estos planteamientos acompañados de señalar y responsabilizar al estado por falta de programas.
El PAE, quizás es el programa de mayor subsidio directo a la población. La alimentación, considerada derecho universal, encuentra en este programa una excelente herramienta. Creado, hace veinte años, y con el objetivo de incentivar la escolaridad y permanencia de estudiantes en el sistema brinda la oportunidad de dar, por lo menos, una complementación alimentaria diaria.
Los departamentos y municipios aportan la infraestructura educativa y logística, y el programa es financiado, en su gran mayoría, a través del Sistema General de Participación y Regalías.
Si bien es cierto Mineducación genera los lineamientos que los alimentos deben ofrecer y por ende brindar a la población estudiantil, delega en los municipios la selección de los operadores. La filosofía e iniciativa inicial de generar modelos asociativos de núcleos productivos de pequeños emprendimientos cercanos a las instituciones educativos, careció de acompañamiento en su estructuración y dejó el programa en pocos operadores.
En Cali, fueron seleccionados cinco (5) operadores para atender más de 160 mil estudiantes ubicados en 171 establecimientos.
A escasos tres meses de entrar en operación el programa en este año lectivo, las comunidades de los corregimientos de Los Andes y Pichindé, alzaron su voz en protesta por las irregularidades de uno de los operadores. Tan solo la concejal Diana Rojas se apersonó del tema acompañando los denunciantes y exigiendo a la administración municipal proceder a dar por terminado el contrato respectivo.
Es inaudito, ofensivo y criminal, el abuso de algunos operadores en contra de la indefensa población infantil y juvenil. No solamente Cali es víctima del atropello de los operadores. En el país entero se van revelando casos de constante corrupción, encontrándose que los complementos alimentarios no cumplen con normas de salubridad, ni tampoco se ajustan a los lineamientos proteínicos exigidos en la normatividad, de paso, desfalcando el sistema.
Tristemente el programa de subsidios para más de un millón de jóvenes se ha convertido en guarida de inescrupulosos abusadores de la bondad del estado, ocultándose en actos de reprochable corrupción.
Ojalá, como lo hemos expresado por años, las autoridades de control fiscal, disciplinario y penal logren desenmascarar las abusivas sanguijuelas de una desamparada población vulnerable y del erario.