Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Desde hace algún tiempo se viene abriendo paso la tendencia de concentrar y centralizar el poder de los gobiernos locales en cabeza de los alcaldes municipales, sustrayéndolos de su obligación constitucional de garantizar la participación democrática de los ciudadanos en los asuntos que los afectan directa o indirectamente en sus intereses y derechos individuales, sociales y colectivos.
Esta circunstancia ha permitido que en los municipios se adopten políticas que no obstante tener fundamento legal en los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, desconocen los principios, valores y derechos establecidos en la Constitución, en tanto las medidas que se adoptan son utilizadas por los alcaldes como medios e instrumentos para beneficiar a determinados sectores económicos y sociales y en contra de los derechos colectivos de los ciudadanos en general.
Todo esto a propósito de la implementación de un conjunto de medidas encaminadas a cambiar el sentido del ejercicio de los derechos colectivos de los ciudadanos a usar y usufructuar de las condiciones y circunstancias relacionadas con el especio público, libre de contaminaciones y de influencias externas a su vocación natural.
A contrario sensu para algunos mandatarios locales, el espacio público y en particular los parques, las zonas verdes, las plazoletas, etc., son objeto de intervención con fines económicos y fiscales lo que conlleva a un cambio del uso del suelo y de su vocación natural y ambiental con perjuicio y alteración del medio ambiente como viene sucediendo por ejemplo, con los parques que constituyen un verdadero pulmón que absorbe el CO2 y nos devuelve el oxígeno descontaminado de otros gases, además de ser amortiguadores del ruido que se produce en el entorno citadino y que de alguna manera se convierten en una barrera infranqueable contra el cemento y el hormigón que condenan a los ciudadanos a vivir en medios artificiales y hostiles al contacto con la naturaleza y el paisaje, circunstancia esta que viene sucediendo en la ciudad de Cali en donde para infortunio de los caleños se sentaron las bases para desarrollar todo tipo de planes urbanísticos y de cambios en el uso del suelo, estimulando con ello la anarquía y la competencia en la construcción de viviendas, centros comerciales y comercialización del espacio público. En este sentido el alcalde Ospina ha dado un paso adelante al entregar el espacio público a particulares, tal como sucede en la zona adyacente al parque del perro en el sector de San Fernando, en donde los propietarios de restaurantes y bares han ocupado las vías y espacio público con su beneplácito y se han impuesto cerramientos de las calles con materas y ocupado andenes y partes del parque en donde algunos vendedores estacionarios guardan sus mercancías.
Por otra parte, el manejo anárquico y desordenado del espacio público tiende a afectar la movilidad no solo en dicho sector sino en toda la ciudad debido a la congestión que se forma en calles y avenidas, como por ejemplo, en la avenida Circunvalación a la altura del parque del acueducto con la venta estacionaria de mazorcas de choclo, en donde algunas personas en sus vehículos se estacionan para comprarlas y comerlas causando trancones en dicha vía.
El hecho real es que gran parte de la responsabilidad por la ocupación del espacio público la tienen los alcaldes de la ciudad de los últimos años que con el Concejo Municipal permitieron llegar a este estado de cosas como se desprende de lo establecido en el artículo 263 del acuerdo 373 de 2014 (POT) al consagrar el “aprovechamiento económico de parques, plazas y espacios peatonales identificados por la administración municipal para comercio local”, mediante el cual se creó la posibilidad de comercializar el espacio público además de introducir una serie de adecuaciones al interior del mismo, lo cual se ha venido realizando con la construcción de senderos peatonales y zonas duras en los parques, alterándose sustancialmente su vocación natural y ambiental y afectando el bienestar general del vecindario.
Todo esto para hacer realidad la posibilidad de realizar actividades comerciales so pretexto de impulsar el turismo en la ciudad y el trabajo de los vendedores informales tanto estacionarios como ambulantes.
Dicho proceso comenzó a extenderse en la ciudad durante la administración del alcalde Guerrero con la aprobación del nuevo plan de ordenamiento Territorial en el año 2014, en tanto que durante el gobierno Armitage se iniciaron los trabajos de “adecuación” del parque del acueducto, utilizando para ello materiales de construcción ajenos a su entorno natural, además de la tala de árboles nativos como los chiminangos y de la vegetación propia del lugar.
Los anteriores cambios no solo modificaron el microclima del sector sino su vocación natural y ambiental y en la actualidad el parque se convirtió en un lugar para pasear a los perros que depositan sus excrecencias en dicho lugar.
Es urgente que los ciudadanos asuman una posición activa respecto de estos hechos y despropósitos que no obstante estar respaldados en acuerdo municipal y por tanto revestido de cierta legalidad, son en esencia, contrarios al espíritu de la Constitución, a sus principios, valores y derechos de los ciudadanos que encarna el Estado Social de Derecho y democrático, que por lo demás le impone a los servidores públicos la obligación de defender el interés general por encima de los intereses de particulares, de las clases o grupos sociales o individuales
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social