Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
En el mundo actual el proceso urbanístico adquiere un carácter universal y progresivo en la medida en que crece la interacción social y con el medio natural. Todo ello depende en buena medida de los procesos migratorios y del desarrollo de la producción que se manifiesta en el crecimiento de las ciudades y de la población urbana, no obstante que los procesos urbanísticos no se reducen exclusivamente a dichos aspectos, en tanto que existen otros factores que hacen parte del quehacer de la sociedad relacionados con las particularidades de los procesos, con el modo de vida de la población y la defensa de su patrimonio histórico, arquitectónico, cultural, etc.; además del impacto que se genera con la construcción urbanística afectando la movilidad, los servicios públicos, la tranquilidad y el sosiego doméstico.
En las condiciones de la sociedad capitalista estos aspectos están mediatizados por la influencia determinante de los factores económicos y políticos y de las contradicciones y conflictos que se suscitan en el seno de la sociedad, haciendo que los procesos urbanísticos transcurran de manera espontánea y desordenada.
La ciudad de Cali no es ajena a esta situación que viven los caleños sujetos a toda clase de desarrollos urbanísticos irregulares y del deterioro sistemático de aquellos barrios tradicionales que son objeto de la destrucción de sus propia identidad y vocación residencial, como sucede con los barrios San Antonio, Peñón, Granada, Arboledas, Santa Rita, Santa Teresita, lo cual ocurre de la mano de las autoridades municipales que otorgan licencias de funcionamiento de toda clase de negocios, ocupando el espacio público, parques, andenes y plazoletas que hacen parte del patrimonio de los barrios para el disfrute de sus habitantes. y de las curadurías urbanas con el otorgamiento de licencias de construcción.
Con la aprobación por el Concejo Municipal del Plan de Ordenamiento Territorial y de su implementación, se creó la posibilidad de introducir cambios en el uso del suelo urbano imponiendo un uso mixto entre residencial y comercial, dando lugar a la proliferación de diversos negocios como talleres, oficinas, bares, restaurantes, moteles, rapitiendas, etc., que trajeron como consecuencia el deterioro de las condiciones habitacionales y ambientales de los barrios y no obstante las quejas y acciones legales de sus habitantes las cuales no fueron atendidas en debida forma, lo que a la postre generó un desarraigo y desplazamiento de los ciudadanos hacia otros sectores de la ciudad.
Este tipo de desarrollo urbanístico deja en claro el propósito de las últimas administraciones proclives a defender intereses particulares disfrazados de interés general, en tanto muy poco o nada se muestran dispuestos a mantener y conservar la identidad de los barrios tradicionales de la ciudad y menos a proteger el espacio público, el patrimonio arquitectónico, histórico y el paisaje, que constituyen derechos colectivos de los ciudadanos de acuerdo con la Constitución Política.
No faltan las argumentaciones sofísticas de algunos funcionarios de la actual administración que ante las quejas y denuncias de los ciudadanos han salido a decir que tales hechos contrarios a los desarrollos urbanísticos autorizados en el POT se les salieron de las manos, en tanto que el control de los mismos se encuentra a cargo de las autoridades de policía. Así mismo justifican la ocupación del espacio público con el argumento de la creación de nuevos empleos, situación que viene presentándose por ejemplo, en el parque del perro en San Fernando con el establecimiento de negocios que utilizan los andenes y una calzada de la vía pública para ocuparlos, además del estacionamiento de vehículos alrededor del parque y en las demás calles del barrio., lo cual se viene repitiendo en los barrios antes mencionados.
Lo insólito de esto es que los funcionarios de Planeación Municipal son enfáticos en reiterar que todo tendrá que cambiar y de hecho lo están cambiando de manera arbitraria e ilegal. La Veeduría que representamos considera que las organizaciones sociales, los gremios de ingenieros y arquitectos, los urbanistas, académicos y en general los caleños, tienen la obligación cívica y política de exigirle públicamente a la autoridad que se consulte a los ciudadanos sobre las políticas a seguir en materia urbanística, teniendo en cuenta que de acuerdo con la Constitución y las leyes, dichas autoridades están en la obligación de garantizar la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan en sus intereses individuales y sociales.
Como podrá advertirse, no se trata simplemente de lo que le sucede a los habitantes de uno u otro barrio sino de un asunto de ciudad, al tiempo que los caleños deben exigir el respeto y la conservación de aquellos valores y costumbres que los identifican y a la vez los diferencian los cuales lejos de oponerse al progreso material y espiritual que conlleva el proceso urbanístico consideran que el mismo debe adelantarse en concordancia con las condiciones históricas, culturales, ambientales y del desarrollo científico y técnico de nuestro tiempo.
ADENDA: Con ocasión de la celebración del día mundial de la tierra, los caleños esperaban de la administración el lanzamiento de una nueva política integral encaminada a generar las condiciones necesarias para rescatar del deterioro los nacimientos de las fuentes hídricas, e impedir la destrucción de los bosques por cuenta de la minería ilegal y del urbanismo espontáneo ante el abandono secular del área rural del municipio que constituye el 70% de todo el territorio distrital.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social