Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Por doquier se anuncia la presentación de una serie de proyectos de ley de reformas de la Constitución que deberán ser tramitados por el nuevo Congreso de la República, relacionados con diferentes aspectos encaminados a lograr el cambio social prometido por el presidente electo Gustavo Petro, con base en el cual se encausarán los destinos de la nación por los caminos del crecimiento y desarrollo económico y social del régimen capitalista, frente a las supervivencias feudales y esclavizantes que aún predominan en el país.
Con tal fin se presentará una nueva reforma tributaria dirigida a recaudar varios billones de pesos adicionales a los que se recaudan anualmente con el fin de atender los gastos de funcionamiento del Estado, la deuda pública, el gasto social y la inversión de capital en la ejecución de un conjunto de obras para el desarrollo económico y social de las regiones.
Así mismo se anuncia que se presentará un proyecto de ley en materia de reforma agraria integral encaminado a redistribuir la propiedad de la tierra susceptible de ser cultivada por la población campesina y de pequeños, medianos y grandes productores de alimentos y materias primas para el desarrollo agroindustrial.
Igualmente se anuncia que se llevará al Congreso una nueva reforma de carácter político electoral con la cual se aspira introducir varios cambios en la organización electoral y además garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, partidos y movimientos políticos dentro del esquema pluralista y pluripartidista del gobierno- oposición.
Estas y otras iniciativas de reforma deben valorarse desde el punto de vista de su contenido y aplicación práctica en favor de las clases y sectores sociales que integran las grandes mayorías de la población colombiana; en tanto que las mismas no deben convertirse en instrumentos para atenuar temporal y transitoriamente las contradicciones y conflictos sociales existentes, mientras subsisten las causas y motivos que las generan, aplazándose con ello el anhelado cambio social o, por el contrario pudiéndose utilizar para avanzar por los caminos del progreso, la paz, la democracia y el bienestar general en igualdad de condiciones para todos los colombianos y con lo cual el camino de las reformas se constituirá en un subproducto de la lucha social y no en una simple formalidad con que se rinde culto al reformismo de nuevo cuño.
En este caso en que el poder del Estado se utiliza para transformar las viejas y desuetas relaciones económicas, políticas y sociales, la garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos se convierten en un pilar fundamental del cambio social, el cual debe estar desligado de las contingencias y políticas que privilegian el interés particular disfrazado de interés general, aplazándose de esta forma los compromisos adquiridos o simplemente acabando de un tajo con las conquistas y reivindicaciones de los trabajadores y de los ciudadanos en general, tal como ha sucedido en el pasado con la aprobación de reformas y contrarreformas con las cuales se ha desnaturalizado el propio Estado Social y Democrático de Derecho.
Por otra parte, con la aprobación de una nueva reforma político electoral el poder debe garantizar plenamente el derecho a todos los ciudadanos de participar en la escogencia de sus gobernantes y en el ejercicio y control de la actividad política, que en el fondo ha sido sustituida por la lucha competitiva por el acceso o mantenimiento del poder del Estado, en la cual se refleja en general la lucha que se libra en el mercado capitalista, desnaturalizándose de esta forma la vocación de servicio de la política en favor de la comunidad. A todo lo cual se suman las restricciones a la libertad política de todos aquellos ciudadanos que se oponen al régimen o por el contrario garantizándoles todos sus derechos y libertades a aquellos adeptosa las políticas del gobierno o que reciben beneficios derivados de la burocracia y de la contratación oficial, en interés de su clase, grupo social o individual que representa.
ADENDA 1: En un discurso grandilocuente el presidente Duque hizo un balance de su gestión con ocasión de la instalación del nuevo Congreso de la República, que suscitó el rechazó y la protesta airada de la oposición representada en este caso por miembros del denominado Pacto Histórico, que desaprovecharon la oportunidad para realizar un análisis a fondo de las falencias de la gestión gubernamental, que en medio de la crisis económica agravada por la pandemia del COVID-19 le permitió al gobierno poner a disposición del sector financiero grandes recursos del presupuesto nacional para atender el manejo de la crisis. Circunstancia esta que le significó a dicho sector grandes beneficios económicos. En esta oportunidad el derecho de réplica en cabeza del partido de Los Comunes que hace parte del Pacto Histórico, amén de referirse a la situación que viven los excombatientes de las FARC-EP y líderes de Derechos Humanos víctimas del paramilitarismo y de las propias fuerzas del Estado, fue desaprovechado en buena parte durante su tiempo para realizar un análisis crítico de aquellos aspectos esenciales de la gestión del mandatario, que por lo demás realizó un balance parcial y acomodado a los intereses del gobierno, dejando por fuera de la rendición de cuentas, los grandes problemas que aquejan a los colombianos sumidos en la pobreza y en la desigualdad social.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social