Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
El gobierno progresista de Gustavo Petro plantea nuevamente la necesidad de una reforma agraria integral. Durante los últimos cincuenta años el tema ha sido repetitivo. No obstante, las iniciativas de reforma agraria de los presidentes Lleras, Alberto y Carlos, fundamentados en la Ley 135 de 1961, estas no fueron exitosas.
En los acuerdos de paz de la Habana del presidente Santos, el estado se comprometió en la implementación de la Reforma Rural Integrada y expidió el decreto ley 902 de 2017. Durante este último lustro poco o nada se avanzó. Los obstáculos burocráticos de formalización, creación del fondo de Tierras, implementación de los municipios PDET (plan de desarrollo con enfoque territorial), ejecución del catastro multipropósito y quizás lo más frágil y delicado, la autenticidad de propiedad de la tenencia rural, donde se estima 1, 7 millones de hectáreas no cuentan con títulos formales, no han permitido una eficaz implementación.
El país registra una ruralidad inocultable con el 76% de los municipios calificados como tal, alcanzando el 95% del territorio nacional y una población rural estimada del 32%, pero quizás lo más preocupante es la pobreza extrema rural del 20%, comparada al 5% urbana y la pobreza multidimensional cercana al 45%.
Antes de dar continuidad a los proyectos legislativos de incorporar la reforma y los anuncios constantes de la ministra de agricultura, Cecilia López de Montaño, sobre el tema, es menester el pronunciamiento formal del Ministerio de Hacienda de la asignación presupuestal viable de los recursos que una verdadera reforma rural integral requiere. Deben incorporarse en el presupuesto nacional las indispensables inversiones para dotar de infraestructura vial, especialmente vías secundarias y terciarias, centros de salud, planteles educativos, educación técnica agropecuaria, programas de vivienda rural, cobertura de agua potable, alcantarillado y facilidad crediticia para fortalecer la ruralidad nacional, alejándola de preocupantes índices de pobreza, factores conducentes a generar una verdadera revolución alimentaria.
A lo planteado anteriormente es importante resaltar la deserción de la población de vocación campesina, lo cual conlleva a la pregunta lógica de quien o quienes van a atender el campo. También y complementando lo antepuesto, la existente población rural no ha tenido la preparación formativa y técnica de modernas prácticas agronómicas y elementales fundamentos administrativos requeridos para lograr el eficiente manejo de la actividad productiva en toda su dimensión.
La Reforma Rural Integrada no puede tratarse de una simple transacción de propiedad. El compromiso de eficientes proyectos productivos, esenciales en la cadena de seguridad alimentaria, contribución al PIB, disminución de índices de pobreza y amortiguamiento al hito de una población global que recientemente sobrepasó los 8 billones de habitantes, son el verdadero desafío.
Luchar por la tenencia territorial ha sido una bandera, que si bien es cierto alimentó las sublevaciones revolucionarias del imperio ruso y de Cuba, jamás convirtieron el campo en herramienta para erradicar la pobreza rural ni contribuyeron con un desarrollo económico sostenible.
Afortunadamente el gobierno está escuchando atenta y positivamente las propuestas gremiales, los verdaderos conocedores de la realidad agropecuaria del país, alejados del activismo ideológico que perturban la inteligencia, practicidad y experticia de quienes asumen el riesgo de trabajar ante la incertidumbre permanente del enigmático comportamiento climático.