Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La inseguridad en Cali se ha convertido en un fenómeno recurrente de mil cabezas que las autoridades no pueden impedir en razón de su incapacidad para combatir dicho flagelo que crece y se agiganta bajo diversas formas y modalidades.
La inseguridad en Cali la padecen los ciudadanos que no encuentran un apoyo real y concreto de parte de las autoridades encargadas de garantizar la vida, honra y bienes en igualdad de condiciones para todos los caleños.
Este fenómeno asociado directamente con las diversas formas de violencia ha convertido a Cali no solo en la ciudad más violenta del país sino de la más insegura en la medida en que crece y se expanden, por ejemplo, el tráfico de drogas, la extorsión y el chantaje, los homicidios y el sicariato, el hurto callejero de celulares y de toda clase de objetos y valores que son negociados con los reducidores que integran dicho comercio ilegal y operan en diversos sectores de la ciudad.
Este problema sin embargo no parece tener solución a partir de la implementación de las mismas políticas de siempre con sus consejos de seguridad cada vez que ocurre un hecho que conmueve a la comunidad caleña, para quien la inseguridad y la violencia han rebasado las posibilidades reales de contención, crecimiento y expansión de este flagelo. Quienes plantean como alternativa o como simple paliativo el empleo de la policía militar ante la insuficiencia del personal policivo, no entienden que dichos fenómenos obedecen a diferentes causas que deben ser consideradas en su conjunto y no de manera aislada para efecto de su tratamiento, en tanto que cada vez resulta más difícil remover los obstáculos que impiden logar y aplicar un cambio de carácter estructural, que vaya más allá de la simple represión o de la implementación de determinadas tecnologías o de la existencia de una justicia paquidérmica y formalista que muy poco contribuye con el esclarecimiento de los delitos de manera oportuna y en muchos casos renuente a que se produzcan los cambios que se requieren en el combate contra la delincuencia.
Ya no cabe la menor duda de que el sistema actual de prevención, represión y de aseguramiento formal de los derechos y libertades de los ciudadanos demandan de una reestructuración del sistema del cual hacen parte diversos actores, lo que presupone de una nueva política en torno al manejo de la seguridad en la ciudad que se manifieste en un verdadero cambio institucional y político encaminado a la defensa de los habitantes de la ciudad y a un mejor manejo de la seguridad en barrios y comunas, ya que se trata de un asunto de interés general que afecta directa e indirectamente a la población desde el punto de vista del bienestar y de la convivencia social a todo lo largo y ancho del territorio distrital.
ADENDA 1: Apelando a la frase muletilla de “proteger el derecho fundamental al servicio público del transporte”, el Concejo distrital aprobó por mayoría, el acuerdo 563 de 2022 que entre otras fuentes de financiación para el MIO extiende la sobretasa a la gasolina hasta el año 2045. Las medidas adoptadas no resolverán de fondo los problemas que llevaron a la crisis a METROCALI ni asegurarán una mejor prestación del servicio de transporte público a los usuarios a quienes previamente se les había aumentado la tarifa, en tanto que los operadores son los grandes beneficiados con la entrega de más recursos y la posibilidad de ajustar la deuda antes de finalizar el año. La “solución” adoptada por el concejo en alianza con la alcaldía, agravará la crisis por la que atraviesan METROCALI y el MIO y de paso servirá para encubrir la realidad que se vive y la responsabilidad de los actores de este sistema.
ADENDA 2: La visión de ciudad que ofrecen los precandidatos que aspiran a ser elegidos alcalde, continúa siendo la misma de sus antecesores en materia de seguridad, de movilidad, de recuperación del espacio público, de construcción de nueva infraestructura y de viviendas de interés social. De esta manera el progreso de la ciudad estará ligado a una concepción limitada de un tipo de ”progreso” que solo beneficia a diversos grupos de interés que celebran diversos contratos con la municipalidad obteniendo jugosas ganancias con los costos y sobrecostos de las obras.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social