Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
El nuevo plan nacional de Desarrollo aproado por el Congreso de la república para el cuatrienio 2022-2026, con 373 artículos y una inversión de 1.154 billones de pesos, constituye la hoja de ruta de la política económica y social del gobierno del presidente Petro que aplicará durante su mandato de 4 años y que según algunos sectores políticos y sociales genera una serie de riesgos que demandarán de un riguroso seguimiento, particularmente en lo relacionado con la contratación administrativa.
Dicho plan contiene 5 ejes temáticos relacionados con el ordenamiento territorial alrededor del agua, la sostenibilidad ambiental de las aglomeraciones existentes en las ciudades, el problema de la minería ilegal y del tráfico de estupefacientes, la desforestación, el derecho humano a la alimentación, las transformaciones de la propiedad y del régimen agrario, la transición energética y la convergencia social y regional.
Los anteriores aspectos guardan estricta relación con la idea y el propósito del gobierno de lograr un cambio sustancial al interior de la sociedad a partir del establecimiento de nuevas relaciones económicas, políticas, sociales, culturales, ambientales, etc., tendientes a mejorar la condición económica y social de los colombianos en el marco de una sociedad caracterizada por la existencia de un capitalismo deformado por el peso de aquellas supervivencias feudales particularmente en el campo, además de ser dependiente de la economía de otros países como los EE.UU. de Norteamérica.
Entretanto no debe olvidarse que la economía capitalista descansa sobre la coyuntura del mercado, la cual la hace más frágil aún en el caso de ser planificada y regulada según se desprende del contenido general del plan nacional de desarrollo con el cual se aspira no solo a integrar las diferentes ramas y sectores de la economía con la política social sino a mantener el régimen capitalista en el país en donde se han exacerbado las contradicciones y conflictos sociales creándose un clima de incertidumbre y desconfianza en las instituciones.
Esto se refleja en la necesidad de impulsar, por ejemplo, la economía popular en interés de los campesinos y de la población que hoy vive en las regiones y que secularmente ha sido abandonada por el Estado.
Algunos sectores económicos y políticos consideran que la planificación constituye un peligro para las bases mismas del capitalismo, a la vez que consideran que ésta y el régimen capitalista son absolutamente incompatibles con la realidad económica, ya que no garantizan la libertad de empresa y la libre competencia ni aseguran el funcionamiento ni el progreso de la producción ni de la vida misma.
Y de ahí que no estén de acuerdo con la intervención del Estado en los procesos económicos y sociales. La regulación y la planificación que realiza el Estado no modifica la esencia misma del capitalismo, ya que no suprime la propiedad privada ni acaba con la explotación económica del trabajo como tampoco con el carácter espontáneo y cíclico de la economía, que solo es capaz de aliviar los altibajos del mercado.
Igualmente, no puede regularse el desarrollo económico de la sociedad sin tener en cuenta los factores sociopolíticos y socio-sicológicos de los individuos, grupos y clases sociales que viven en lo fundamental de su trabajo.
El plan nacional de desarrollo, no obliga al sector privado de la producción ni garantiza su continuidad en el tiempo ni en el espacio, Así mismo, el cúmulo de proyectos y programas que contiene, difícilmente podrán financiarse con los recursos del Estado en medio de la recesión económica, y de la crisis global del capitalismo en el mundo globalizado.
Con dicho plan no se podrán superar las barreras económicas y sociales que imponen la pobreza, el desempleo, la inseguridad y la desigualdad social que padecen más de la mitad de los colombianos que viven en el país y que hoy no les queda otra alternativa que emprender el camino del desarrollo no capitalista, desligado de la demagogia, el populismo y el reformismo, encarnados en el plan nacional de desarrollo, tendiente a apaciguar los ánimos de las clases y grupos sociales que integran la sociedad que cree en una verdadera Colombia potencia de la vida.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social