Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
En la frontera entre Colombia y Panamá, extendiéndose en ambos países, se encuentra una de las más inhóspitas selvas del bosque húmedo tropical del mundo. Desde la independencia de Panamá, hace más de un siglo, se había constituido en barrera natural entre Sur y Centro América. El nombre, Tapón del Daríen, fue acuñado por la revista National Geographic en la década de los años cincuenta.
Por décadas, ambos gobiernos contemplaron realizar obras de infraestructura viales y ferroviales con el fin de conectar el continente. Sin embargo, el alto costo de penetrar selva, manglares, pantanos, inestabilidad de suelo portante, y uno de los más altos registros de pluviosidad del mundo, fueron suficientes razones para abandonar la carretera panamericana a la altura de Chigorodó, Chocó en Colombia y Yaviza en Panamá.
Pese a la dificultad selvática, se ha convertido en las últimas décadas en el paso obligado de cientos de miles de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. La ONU estima que 7,7 millones de venezolanos, alejados por el régimen dictatorial de Maduro, han huido el país. De los 380 mil migrantes que han cruzado este año, se estima la tercera parte son venezolanos, seguidos por ecuatorianos.
El tráfico de personas global se estima en 1 millón anualmente, lo cual ha convertido el Tapón del Darién en el de mayor flujo mundial.
La meta es llegar a México y de ahí intentar atravesar la frontera a Estados Unidos.
Los traficantes cobran entre US $ 200 y US $ 500 por persona. Las abandonadas poblaciones, tanto panameñas como colombianas, aprovechan la generación del ingreso para, a su vez, buscar amparo de organizaciones al margen de la ley, como el Clan del Golfo y las Autodefensas Gaitanistas, quienes se lucran del negocio. Los pobladores no permiten autoridad alguna interfiera en la ilícita actividad, dispuestos a sobornar al que sea.
Los gobiernos de Colombia, Panamá, México y Estados Unidos se enfrentan a una compleja situación, tan solo comparable con el narcotráfico. Lamentablemente la situación no pasa de diálogos insulsos. El presidente Petro, con poca profundidad, propuso la construcción de un muro, tema rechazado recientemente por la Secretaría de Estado norteamericana. El presidente Biden intenta aliviar permitiendo legalizar medio millón de venezolanos ofreciendo protección migratoria, en parte como respuesta a esta realidad.
Mientras Colombia se debate en decenas de proyectos de reformas que pretenden destruir décadas de progreso, el tema de la migración ilegal que atraviesa el empobrecido territorio no parece tener presupuesto, ni autoridad, ni mucho menos pie de fuerza del mismo estado. Tampoco, el gobierno progresista acude a las consabidas organizaciones de derechos humanos, conducente a controlar uno de los más graves flagelos actuales de la humanidad.
Acuñando el título de la reciente película, la cual toca en profundidad el tema del tráfico ilegal de personas, dirigida por el mexicano Alejandro Valverde, protagonizada por Jim Caviezel, inspirada en la vida de Timothy Ballard, agente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el mundo espera se rompan las cadenas de esclavitud contemporánea y se escuche nuevamente “El Sonido de Libertad”.