Por Guillermo E. Ulloa Tenorio
Economista de la Universidad Jesuita College of the Holy Cross en Estados Unidos, diplomado en alta dirección empresarial INALDE y Universidad de la Sabana. Gerente General INVICALI, INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE, Secretario General de la Alcaldía. Ha ocupado posiciones de alta gerencia en el sector privado financiero y comercial.
Cuando un puñado de sexagenarios, autonombrados Comité del Paro Nacional, convocaron una pacífica protesta social en contra de las políticas de gobierno, se echaron la soga al cuello. Cuando fueron retirados los proyectos de reformas, originarios de la protesta social, era el momento oportuno de retirarse, saliendo triunfantes de la lucha de poder convocada. Contrariamente, siguieron con improvisadas e infundadas peticiones. Perdió legitimidad la esencia sindical de protesta.
Los actos demenciales de barbarie vandálica y bloqueos acolitados por el Comité, tan solo sirvieron en crear caos, destrucción y parálisis del aparato productivo. Las pérdidas arrojadas, en el corto plazo, por pequeños, medianos y grandes empresarios, industriales, comerciantes, agroindustriales, expendedores de combustible, entidades financieras y servicios, serán asumidas a futuro, en los incrementos de precios resultante de la fundamental ley de oferta y demanda. No perdió el aparato productivo privado. Perdió dinámica y desarrollo uniforme la economía nacional. Perdió el consumidor sin distingos étnicos, de estratificación, urbanos y rurales.
Las vías de hechos, inspiradas por la protesta, lesionaron de gravedad la concepción del estado de derecho social, consagrado constitucionalmente. Perdió validez la Constitución Política.
Los laberintos jurídicos que impidieron la rápida y eficaz solución del conflicto por cuenta del estado, a nivel nacional, departamental y municipal, entregaron el poder legitimo de autoridad a desalmadas marionetas que interpretaban magistralmente su función de derrocar el establecimiento. Perdió autoridad y legalidad el gobierno democráticamente elegido.
La institucionalidad legislativa sucumbió a provocaciones de movimientos minoritarios que fueron derrotados, por abrumadoras mayorías en mociones de censura. Igual suerte corrió el archivo, a plumazo limpio, de proyectos legislativos, sin ningún tipo de debate ni discusión, esencia parlamentaria. Perdió su condición legislativa el Congreso.
El poder judicial, en todas sus ramas, objeto de actos incendiarios, remembranzas del acto diabólico de la toma del Palacio de Justicia de noviembre 6 de 1985, fue vulnerado en su encargo de administrar justicia. Perdió respetabilidad, autonomía y moralidad el poder judicial.
Una fuerza pública inmovilizada, violentada, arrinconada y paralizada en cumpliendo de protocolos de ley, amenazada por violadores terroristas, en forcejeo campal desigual. Perdió la fuerza pública.
Un sinnúmero de burócratas observadores de derechos humanos enfrentados, esta vez, al realismo mundanal alejado de textos académicos, sin brújula conceptual de principios y moralidad. Perdió instrumentalización y credibilidad agencias nacionales e internacionales de observancia humanística.
Oscuros escuadrones de guerrillas urbanas, escondidos en la penumbra nocturnal, destapados por sus fechorías delincuenciales. Hoy, objeto de judicialización e investigación por organismos de inteligencia obligando salir a la luz, lo verdaderos cerebros intelectuales detrás de estos pelotones insensatos suicídales. Perdió la enceguecida y cándida juventud entregada militarmente a una batalla sin cuartel.
Perdió autenticidad la oposición ideológica de titiriteros instigados por fuerzas desestabilizadoras de soberanía nacional.
Perdimos principios y valores. No solo perdió Colombia, perdimos todos.