Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La crisis institucional de la democracia local se refleja en la crisis del Concejo Distrital de la ciudad integrado por diversos representantes de los partidos y movimientos políticos que integran la gran coalición del gobierno, que si bien es cierto son elegidos por el pueblo caleño no representan ni defienden más que sus propios intereses políticos y de clase o grupo social y aprobando generalmente acuerdos y reformas impuestas por el alcalde que hace que estas pierdan su carácter democrático y representativo, en la medida en que no responden a las verdaderas necesidades e intereses de la comunidad caleña.
Dicha corporación edilicia ha venido perdiendo peso político en el contexto institucional a medida en que se refuerzan los poderes del alcalde a través de los cuales se materializa la unión personal y política entre el gobierno y algunos sectores económicos de la ciudad, lo cual se expresa a su vez con el intercambio de funcionarios que pasan directamente del ejecutivo al sector privado y viceversa, convirtiendo de esta manera el aparato administrativo en un apéndice orgánico de los sectores económicos y políticos de la ciudad. Esta circunstancia concurre con el hecho de que el Concejo no ejerce un verdadero control político de los funcionarios de la administración con grave perjuicio para la ciudad.
De los 92 proyectos que se radicaron durante el período de sesiones ordinarias, 35 fueron de iniciativa de la administración distrital, de los cuales 11 correspondieron a vigencias futuras que en la práctica conlleva a mayor endeudamiento con el sector financiero. En tanto existen siete iniciativas para segundo debate que ya fueron aprobadas sin mayor rigor en el análisis. como las del parque tecnológico que se construirán en el predio del antiguo Club San Fernando y el Boulevar de San Antonio, que estarán sujetas a las contingencias relacionadas con el incumplimiento en la entrega de las obras y los sobrecostos de las mismas, como ha sucedido con las obras inconclusas que han sobrepasado varios períodos de alcaldes.
A todo lo anterior se suma el acuerdo mediante el cual se autorizó el pago de los salarios a los ediles de la ciudad a partir del 2022, que seguramente será reajustado una vez comience a funcionar Cali como Distrito Especial.
Se archivaron 53 proyectos entre los cuales figuran el de la creación de Cali Ciudad Inteligente, hundido en la comisión de institutos descentralizados aparentemente por falta de quorum para debatirlo y aprobarlo, no obstante haber recibido el rechazo de la comunidad caleña que desde un principio se opuso a dicha iniciativa con la cual se ponía en riesgo el patrimonio público y el propio futuro de las empresas municipales de Cali EMCALI.
El derecho de los caleños a elegir sus nuevos concejales debe desligarse de la lucha competitiva que libran las fuerzas políticas que actúan en la ciudad y que pretenden una vez más convertir a los ciudadanos en una masa electoral disponible para reproducirse en el poder, apelando para ello a las mismas promesas de siempre que adornan con discursos grandilocuentes, frente a los cuales los caleños deben reaccionar en defensa de sus derechos políticos para construir una nueva democracia desligada de la corrupción, el clientelismo y la demagogia, ajenas al autoritarismo, el populismo y el reformismo de los mismos con las mismas.
De esta forma y a manera de síntesis queda demostrada la crisis del ente corporativo que funciona a partir del acuerdo de unas mayorías electorales, que tan solo representan y defienden a unas minorías que encarnan los verdaderos poderes tanto económicos como políticos de la ciudad.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social