Redacción
El dia 11 de febrero de 2005, el municipio de Cali firmó un contrato representado por Apolinar Salcedo como Alcalde y María del Rosario Peña como Directora de Hacienda Municipal, con la Unión Temporal Sicali constituida por Ingenieros Consultores Ltda de Sabanalarga, Ingos Ltda de Barranquilla, CKC Net Ltda de Barranquilla, Links SA de Bogotá, Sistemas y Computadores SA – SYC de Bucaramanga, para la modernización y optimización tributaria del municipio de Cali, que generó un detrimento patrimonial al municipio de Cali por encima de 1.3 billones de pesos. Es decir que este contrato está cumpliendo 15 años y nadie le ha respondido a la ciudad.
Antecedentes jurídicos.
El 5 de agosto del 2004, mediante acuerdo municipal No.130 del concejo municipal de Cali, le dio facultades al Alcalde para implementar acciones que favorecieran la modernización y optimización de la gestión tributaria y rentística, el fortalecimiento de las finanzas del municipio e implementación de mecanismos en el manejo de la renta, inicio el proceso de licitación en octubre de 2004, donde hubo una solicitud en función preventiva de la Procuraduría, que hace que el Alcalde suspenda el proceso licitatorio, por una evidente inminente vulneración del ordenamiento jurídico, así como un eventual detrimento patrimonial en el municipio de Cali.
El 13 de enero del 2005, el Alcalde decide reiniciar el proceso licitatorio, con una interpretación que el efectuó de un oficio remitido por la Procuraduría, cerró el proceso el 17 de enero y se presentó únicamente la Unión Temporal Sicali.
El 4 de febrero del 2005 se expidió la resolución, que adjudico la licitación publica para la contratación de los servicios para la modernización y optimización de la gestión tributaria; y el 11 de febrero se celebró el contrato de prestación de servicios entre el Alcalde y la Unión Temporal.
Nulidad absoluta del contrato
El contrato es demandado por la Procuraduría, y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Valle, dictó determinando la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios, lo que fue apelado por el mismo municipio de Cali en enero del 2009 y por Sicali.
El municipio había estimado el presupuesto de la licitación en la suma de 100 millones de pesos, argumentando que el valor del contrato era indeterminado, para efectos fiscales de garantía sería el valor. Sin embargo la sola propuesta en tecnología superaba los 10 mil millones de pesos, los ingresos por recaudo anuales se acercaba inicialmente a los 300 mil millones de pesos, mientras las garantías fueron exigidas por 100 millones de pesos.
Confirmó el consejo de estado que el contrato no contribuyó al beneficio de las partes, porque los 650.000 contribuyentes de predial aportaban 250 mil millones de pesos y 42.000 contribuyentes del impuesto de Industria y Comercio, una cifra superior a 220 mil millones de pesos.
La destitución de la Procuraduría
En marzo de 2007 el Alcalde de Cali y la Secretaria de Hacienda, Apolinar Salcedo y María el Rosario Peña, fueron destituidos e inhabilitados por 16 y 10 años para ejercer cargos públicos por la Procuraduría General de la Nación, al encontrar conductas irregulares en la celebración del contrato con Sicali, los actos ilícitos determinados por la Procuraduría General de la Nación fueron:
El Alcalde no podía comprometer los bienes tributarios futuros del municipio, cambio de concesión total del servicio a un contrato de prestación de servicios con una empresa privada, antes de firmar el contrato se modificaron los pliegos de condiciones, la forma de pago al contratista era irregular y carecía de claridad, inconsistencia en la proporción fijada por la póliza de cumplimiento, ya que se trataba de cien millones de pesos y Sicali administraría alrededor de trescientos mil millones de pesos.
El Consejo de estado al anular por irregularidades graves
El consejo de estado al declarar la nulidad del contrato, dice que el contrato fue celebrado por un plazo de 15 años, no había autorización del concejo municipal para que pudiera comprometer vigencias futuras; se vulneró la ley 80, al exigir que las personas jurídicas participantes tuvieran por lo menos 5 años de constituidas y se vulneraron los principios de proporcionalidad y economía, porque el municipio señaló como presupuesto oficial la suma de 100 millones de pesos, y los recaudos tributarios de la ciudad superan los 300 mil millones de pesos; la administración actuó con abuso y desviación de poder, con divulgaciones que se realizaron antes de la apertura del proceso de selección; el plazo pactado violó la ley 819 de 2003, porque se comprometieron vigencias futuras por un período superior al alcalde actual.
El 30 de octubre 2012 el consejo de estado mediante sentencia anuló el contrato de Sicali, en el gobierno del alcalde Rodrigo Guerrero y hasta ahora no se conoce información del detrimento patrimonial del municipio de Cali por 1.3 billones de pesos, ¿Quién lo debe pagar?.
¿Quien le responde al Municipio ?