Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
1.- LA CONSTITUCION DE 1.991
La práctica inveterada del reformismo constitucional colombiano no parece agotarse con la aprobación de la Constitución de 1.991, modificada a su vez cincuenta y tres veces (53) lo que implica un número mayor a la de su vigencia institucional de 30 años.
Esta circunstancia ha estado determinada por los cambios en la correlación de fuerzas en la lucha competitiva por la conquista o el afianzamiento del poder en interés de las clases económica y políticamente dominantes.
Y de ahí que la esencia de la Constitución esté directamente condicionada por el tipo histórico de sociedad y de Estado, encargado este último, de refrendar las leyes fundamentales que en las condiciones del régimen capitalista que imperan en el país, no solo expresa en apariencia la voluntad e intereses de la mayoría de la población sino la legalidad del dominio de la burguesía como supuesta representante de la voluntad de todos los colombianos.
A la fecha, la Constitución de 1991 contiene una serie de reformas relacionadas con el acuerdo de Paz suscrito con las FARC-EP; reformas a la justicia Penal Militar, al establecimiento de las circunscripciones electorales especiales, al régimen de las regalías, a las reformas políticas, al control fiscal, a la carrera administrativa, a las Asambleas departamentales, a la extradición, expropiación, a la reelección presidencial, cambios del período de gobernadores y alcaldes, reforma a las pensiones, salud, moción de censura, estabilidad fiscal y doble instancia entre otras reformas.
En cuanto al enfoque doctrinario, con la Constitución de 1991 se introdujeron una serie de cambios ligados con los fines esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho de “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar el ejercicio de los principios, valores y derechos, facilitando la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan en sus intereses económicos, políticos, administrativos y culturales y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”; todo lo cual ha tenido en lo fundamental un carácter formal, en tanto predominan la desigualdad económica y social que se expresa en la explotación económica del trabajo, la discriminación social y de género y la exclusión política de los ciudadanos de los asuntos del Estado y de la sociedad. Así mismo se manifiesta en el desequilibrio entre los derechos y los deberes, la primacía de los derechos civiles por encima de los derechos económicos, sociales y culturales y del trato desigual que se les da a las personas carentes de recursos económicos frente a las que son adineradas.
La inclusión de un verdadero catálogo de derechos y libertades en materia económica, social, cultural, constituye un avance significativo en comparación con lo existente en la Constitución de 1886, además de los mecanismos judiciales para defenderlos de eventuales amenazas o violaciones de los mismos, aunque dicha protección no se extendió a los derechos económicos, sociales y culturales ya que no fueron considerados como derechos fundamentales constitucionales y cuya vigencia quedó condicionada a las políticas de los gobiernos en materia de crecimiento y desarrollo de la economía, aplazándose con ello su cumplimiento de manera indefinida y no obstante los convenios y pactos
internacionales de Derechos en lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad empleado como instrumento para efectos de la interpretación político jurídica y al cual está sujeto el Estado colombiano.
El hecho real es que no pueden separase los derechos económicos, sociales y culturales de los derechos civiles, individuales y colectivos, ya que el ejercicio y defensa de estos últimos resulta imposible de realizarlos sin el goce y satisfacción de los primeros, siendo necesario que el Estado establezca las condiciones económicas y materiales para la realización práctica de tales derechos.
Otro de los ejes de la Constitución de 1991 lo constituye la democracia participativa, que en la práctica debería transferir una parte sustancial del poder a los ciudadanos frente al Estado, con lo cual no solo escogerían a sus gobernantes sino que participarían en todas aquellas actividades de la propia administración pública en defensa de sus intereses comunes. Sin embargo esta forma de democracia no ha logrado afianzarse en nuestro medio limitada por las barreras impuestas por las mismas leyes y reformas que hacen imposible el ejercicio de los derechos, tal como sucede con la revocatoria del mandato, la iniciativa ciudadana, etc.
Por otra parte, la Democracia Participativa no ha dejado de ser mas que una instancia de comunicación y socialización de las decisiones que se toman por los gobiernos en las alturas del poder, las cuales poco o nada tienen que ver con los intereses y necesidades de los ciudadanos en general.
No sobra agregar que con la ampliación de la participación política de los ciudadanos surgieron un sinnúmero de partidos y movimientos políticos que se constituyeron como empresas electorales, sin ideología ni estrategias definidas, salvo en lo relacionado con el acceso a la burocracia y a la contratación estatal.
El derecho de todo ciudadano a elegir sus representantes, mandatarios y gobernantes ha sido sustituido por la lucha competitiva por el poder que caracteriza la democracia pluralista en la cual se refleja la que se libra en el mercado capitalista, a todo lo cual deben sumarse las restricciones de la libertad política para quienes se oponen al régimen político en medio de la violencia desatada por los diversos factores que participan en el reparto del poder en los territorios en donde el ciudadano carece de las mínimas garantías para ejercer sus derechos políticos, en tanto que se deja utilizar como masa electoral disponible.
En resumen, en tratándose del ejercicio de los derechos constitucionales fundamentales y de la participación democrática de los ciudadanos en los asuntos del Estado y de la sociedad, dichos aspectos podrán estar más limitados en tanto predominen las posibilidades formales para su ejercicio, o puedan ser sustituidos con medidas restrictivas y antidemocráticas que caracterizan a los gobiernos partidarios del reformismo populista de derecha o de izquierda.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social