Redacción
El gobierno nacional y específicamente el presidente de la República, Iván Duque, han informado los lineamientos generales de la reforma tributaria que se va a presentar al Congreso, a través de los medios de comunicación y del Consejo nacional gremial, donde indudablemente se dice cómo se van a obtener los recursos y poder aumentar el gasto social. Tiene el nombre de “proyecto de ley de solidaridad sostenible”, para financiar la inversión social del gobierno en las vigencias fiscales 2021-2022, para aliviar la pobreza y la desigualdad incrementados por el covid 19. Hay un error que debe ser corregido en la propuesta o en el estudio en las cámaras legislativas, especialmente en no tocar a estratos 1 y 2 en temas de sus alimentos básicos y los derechos constitucionales de los pensionados.
La estrategia es lograr $30.3 billones adicionales, monumental cifra, como parte de la negociación que serviría en 20% para los municipios a través del sistema general de participaciones y el 80% para el gobierno nacional. Se proyecta recaudar el 2.2% del PIB de tal manera que el desequilibrio fiscal del $15.9 billones se cubra y ejecutar programas sociales de $8.8 billones, más la compensación ampliada del IVA de $1.5 billones, para un total de $25.4 billones, pues el desajuste fiscal es de $15.1 billones.
La plataforma de la inversión social está fundamentada en un programa de ingresos solidario PIS y en la ampliación de cobertura, de forma permanente, pasando de 3 a 4.7 millones de hogares (prácticamente el 33% del país – 18.8 millones de personas); subsidio a la matrícula para los estudiantes pobres; pago de seguridad social durante 5 años para el primer empleo de jóvenes de hasta 28 años, personas con discapacidad, aprendices del Sena, mujeres desempleadas mayores de 40 y adultos mayores sin pensión. Toda una política social que no se había hecho en Colombia y que lo logra la crisis pandemica.
Aprovecha el gobierno para atender un problema estructural fiscal de tal manera que pueda ser corregido, donde están las propuestas de la comisión de expertos, como la eliminación de las exenciones del IVA (exceptuando exportadores), unificación de tarifas, no gravar los productos básicos y aumentar las compensaciones cuando sea necesario.
El impuesto a la renta se amplía la base de los contribuyentes.
El impuesto al patrimonio que pagan las personas que tengan bienes por un valor superior a los $5000 millones se prolonga, con una tasa del 3%, y se totaliza un recaudo de los hogares de $16.8 billones.
Los hogares van a cargar con la reforma y esto llega al 1.4% del PIB; el IVA lograría $10.5 billones con 0.9% del PIB, las personas jurídicas, las sociedades aportarían $3 billones al recaudo lo que equivale al 0.3% del PIB. Será algo bastante discutido en el Congreso, lo importante es que el gobierno cuanto antes genere la reducción del tamaño del Estado, que muestre la austeridad fiscal y pruebe la lucha anticorrupción y no siga generando proyectos como el del noticiero de televisión, necesario, pero en un momento equivocado.
El proyecto de ley aún no se ha presentado al Congreso, seguramente vendrán cambios antes de su radicación y por supuesto en el estudio de las comisiones económicas del Senado y la Cámara. Está en juego la estabilidad fiscal de Colombia, pero al mismo tiempo el gobierno nacional tiene que ayudar con los elementos planteados aquí, para que el Congreso proyecte cifras positivas para la economía colombiana, pero en la misma norma deben establecer elementos de austeridad del gasto, la reducción de programas suntuarios , y hacer creíble la lucha anticorrupción, con golpes certeros al delito de cuello blanco, el contrabando, el lavado de activos, las cortes, los tribunales, los jueces, la fiscalía, las entidades territoriales, etc.