Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Los funcionarios públicos al frente de la gestión administrativa no solo deben estar al servicio del interés general acorde con los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad, sino también, la de responder por las infracciones a la Constitución y a las leyes y por omisión y extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Esta circunstancia se revela en este caso a través del proceso que acompaña el denominado plan de las 21 megaobras a partir de su aprobación en el Concejo Municipal y posteriormente con la ejecución de las obras y su cobro por valorización.
Como es sabido, dicho plan fue aprobado en septiembre del 2009, sin que existieran para ese momento los estudios, diseños técnicos y financieros para la ejecución de la totalidad de las obras.
El hecho real y concreto es que quedaron pendientes de construir varias de las obras entre ellas, la vía al Mar que inicialmente buscaba intervenir cinco kilómetros desde el Oeste hasta el retén forestal; proyecto éste que no podrá ser ejecutado en la actualidad en virtud de su costo multimillonario según afirmaciones del secretario de infraestructura.
Posteriormente y con ocasión del incumplimiento de la administración municipal con la ejecución de las obras del Plan, la corporación edilicia prorrogó los términos para su entrega, en una clara violación del principio de legalidad que le establece a la administración un plazo perentorio de dos años para su ejecución, contados a partir de la fecha en que las obras se sacaron al cobro por valorización.
Durante el mandato del alcalde Rodrigo Guerrero en el 2013, como quiera que la administración no disponía de los recursos para ejecutar las obras, se determinó cubrir su elevadísimo costo con vigencias futuras, fecha ésta mediante la cual se amparó el conjunto de las obras entre otras, la de la vía al Mar. Para el año 2015 la administración municipal de la época dijo que la nación apoyaría dicha obra, lo cual nunca se materializó en la realidad.
Igualmente, durante la administración del exalcalde Armitage tampoco se tomó ninguna medida de importancia en relación con la terminación de las 21 megaobras.
Ya para el 2020 se encargó a la EMRU para rediseñar las megaobras del puente de Chipichape, la ampliación de la carrera 80, el puente de la autopista de la carrera 60 y la ampliación de la vía al Mar, la cual no se construirá según lo acaba de explicar el secretario de infraestructura.
Finalmente, para el año 2021, obras como la vía al Mar se encuentran en la fase de estudios y rediseños que se dice serán entregados en el mes de Mayo y cuya ejecución seguramente será objeto de una nueva estructuración.
Por otra parte está claro que los costos de tales obras rebasan la posibilidad de que la actual administración pueda acometerlas en su totalidad, al tiempo que las mismas no resolverán los trancones y embotellamientos del tránsito automotor tal como se insinuaba desde el momento en que fueron planteadas sin los soportes técnicos y financieros del caso, amén de las ejecutadas que han generado grandes sobrecostos y despilfarros de los recursos públicos y un mayor endeudamiento de las finanzas municipales, agravadas con la crisis económica de la nación y el municipio de Cali.
Desde un principio se dijo por parte de los ciudadanos que el plan de las 21 megaobras debía ser consultado previamente, ya que se trataba de un plan de interés general que cubría todo el territorio municipal y que aseguraría su financiamiento por cuenta de los contribuyentes, circunstancia esta que no se tuvo en cuenta en ningún momento, no obstante que las autoridades municipales estaban en la obligación de facilitar su participación en la discusión y decisión de este proyecto, en tanto afectaba directamente sus intereses, lo cual no se hizo dejando en manos del Concejo municipal la aprobación de dicho plan que ha resultado en buena parte ser un fracaso en relación con la solución de los problemas de la movilidad y del transporte, que hoy son más caóticos que en el inmediato pasado en cada uno de los puntos cardinales de la ciudad.
Desde la Veeduría que representamos exigimos que la actual administración proceda a liquidar el costo de las obras ejecutadas y devolverles a los contribuyentes el saldo respectivo por las obras no ejecutadas después de más de 12 años de haberse aprobado y cobrado a los contribuyentes que pagaron la totalidad de las mismas. La administración está en mora de proceder en este sentido pues en este caso estamos frente al cobro de lo no debido el cual es objeto de sanción por cuenta de la ley.
Por lo demás, resulta insólito que la actual administración del alcalde Ospina, pretenda construir nuevas obras contenidas en su plan de desarrollo, en tanto no se terminaron las diseñadas en su primer mandato, lo cual constituye una manifestación de absoluta irresponsabilidad con los contribuyentes y ciudadanos en general que ameritan una amonestación pública de los órganos de control y el rechazo unánime de los ciudadanos ante semejantes despropósitos gubernamentales.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social
