Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
el carácter conciliador de la mandataria
La actitud asumida por la gobernadora Del Valle del Cauca en relación con la construcción y cobro por el sistema de valorización de la obra vial que une a la ciudad de Cali con el municipio de Jamundi, no sólo se ajustó al clamor de los ciudadanos que inicialmente protestaron en contra de dicha decisión, sino que además se puso de presente el carácter conciliador de la mandataria, que por lo demás estaba en la obligación constitucional de consultar con los propietarios de predios comprendidos dentro de la zona de influencia de la obra, que en este caso no les genera ningún beneficio económico de acuerdo con la ley.
Dicha actividad contrasta con la decisión tomada por administraciones anteriores de carácter municipal, relacionadas con la ejecución y cobro de las cuestionadas 21 megaobras que en su momento fueron rechazadas por los caleños, a quienes se les impuso su cobro con violación de algunas normas jurídicas y del propio estatuto de valorización.
En aquella ocasión y en la actualidad ha prevalecido el espíritu autoritario que caracteriza a los mandatarios de turno, a quienes no les importa lo que piensa la comunidad caleña y menos si se trata de la construcción de un conjunto de obras que tan sólo generan beneficios a determinados constructores con los cuales se acuerda previamente su ejecución.
la incapacidad de la secretaria de infraestructura y valorización que no evitó los sobrecostos de las obras
Entre tanto habrá que señalar la incapacidad de la secretaria de infraestructura y valorización que no evitó los sobrecostos de las obras ni ha logrado recuperar la cartera morosa proveniente de las grandes superficies conjuntamente con el incumplimiento de la administración para ejecutar la totalidad de las mismas en los plazos establecidos en la ley y en los acuerdos respectivos. Circunstancia esta que el alcalde Armitage trata de soslayar con la declaratoria de insubsistencia (destitución) del funcionario de dicha secretaría, ocultando de esta forma su responsabilidad con la ejecución del proyecto que en el caso de que se concluya no contribuirá mayormente a resolver el grave problema de movilidad que tiene la ciudad.
En escritos anteriores hemos indicado que la forma como se aplica este gravamen no sólo es que atenta contra el patrimonio familiar de pequeños y medianos propietarios de viviendas y negocios, que por lo demás no reciben propiamente un beneficio económico con la construcción de determinadas obras viales, siendo en muchos casos expropiados de sus predios con un costo social adicional para sus familias.
La tendencia a realizar toda clase de obras por el sistema de valorización que van desde la construcción de andenes, separadores viales y grandes proyectos urbanísticos deberán financiarse con los recursos del presupuesto provenientes del pago del impuesto predial y no con base en la contribución de valorización que tendrá que limitarse a la construcción de ciertas obras de interés general determinando la medida precisa del valor a pagar por parte de los contribuyentes que reciban efectivamente un beneficio económico concreto para los predios afectados con dicho gravamen.
se ven obligados a pagar cuantiosas sumas por dicho gravamen sin recibir a cambio ningún beneficio económico y social
Lo anterior nos debe llevar a pensar en la necesidad de revisar el estatuto de valorización a fin de que se abra un gran debate sobre este asunto, que se viene utilizando indiscriminadamente y en forma arbitraria contra los propietarios de viviendas que hoy se ven obligados a pagar cuantiosas sumas por dicho gravamen sin recibir a cambio ningún beneficio económico y social, cuando no es que su propiedad se desvaloriza con la ejecución de determinadas obras que se llevan a cabo sin consultar con los intereses y necesidades de los ciudadanos en nombre de un supuesto progreso material que en muchos eventos conduce al desplazamiento de las familias y a su empobrecimiento sistemático.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social