Redacción
Definitivamente Cali es una ciudad en la especialmente los ciudadanos no cayeron en cuenta de su derrumbe ético, la total ausencia de valores morales y se ve reflejada en el comercio de dos patrimonios de la ciudad, el club San Fernando y la Plaza de Toros.
Estos dos inmuebles de muchas décadas al servicio del Municipio, se perdieron ante la voracidad económica de administradores transitorios, con la complacencia de los gobernantes, y concejales, más la actitud pasiva de todos los caleños.
Pero no todo está perdido, un nuevo alcalde (Jorge Iván Ospina) y un nuevo Concejo Municipal que mayoritariamente se ha renovado, pueden pedir a la Corte Constitucional definir lo de su competencia y lograrían devolverle el carácter público al lote de la Plaza de Toros y declarar de utilidad pública el lote del club San Fernando, para dar tiempo a que la municipalidad se lo compre a la nación.
Subasta – litigio vs Construcción – litigios
Este año 2019 termina con la “espectacular, subasta pública del lote del club San Fernando por 22.591.93 mt2 (calle 5, No. Esquina 36B)” (ver aviso de prensa de subasta) , amplio frente sobre 3 vías de la ciudad, constituyéndose en uno de los predios más valiosos de la ciudad, con el litigio del antiguo club San Fernando. El actual alcalde de la ciudad, Maurice Armitage, quería comprarlo a punta de anuncios periodísticos en periódicos, pero no pasó de simples anuncios, quedando al vaivén de la voracidad de los compradores, de un proyecto que comercializa una entidad contratista del estado CISA y de propiedad o a cargo o administrado por la SAE (sociedad de activos especiales s.a.s), de propiedad del estado.
De otro lado, el lote de la Plaza de Toros sigue sus 35.000 mt2 de lote en construcción para un centro comercial FALLABELLA, con la jugada maestra de los accionistas de la Plaza de Toros, que sacaron permisos en Mincultura, como monumento nacional con la complacencia del alcalde Rodrigo Guerrero, su director de Planeacion, jurídico y asesores, la mirada triste y alcahueta de Concejales.
Perdió la ciudad y por ello vale la pena recordar ambos negociados.
Club San Fernando y el ajuste ético de la economía
A partir de 1995, cuando el gobierno de los Estados Unidos le quitó la visa al presidente de la república Ernesto Samper, arrancó un proceso de persecución a los bienes y dineros ilícitos provenientes del narcotráfico, derrumbó gran parte de la economía simultáneamente con la caída del Upac, en la ciudad de Cali se acabó Corfivalle, Interbanco ( banco de la familia Carvajal ), la corporación financiera del pacífico Corfipacífico ( familia Lloreda ) ; a nivel nacional la banca y las corporaciones de ahorro y vivienda de Upac, también entraron en crisis y toda esta caída de la economía generó que en el año 2000, el club San Fernando entrará en concordato por su situación financiera.
En el 2005, se vende el lote, a una persona vinculada con el narcotráfico, Bernardo Pinzón, la escritura de compraventa se materializa en el 2006, una vez el Concejo de Cali modificó el POT. Pinzón fue asesinado, antes había demolido el club San Fernando; en el 2008 los nuevos directivos del club San Fernando demandaron a los compradores, por un cheque sin fondos y en el 2009 el inmueble fue tomado por la Fiscalía en proceso de extinción de dominio. El valor de la venta de los 22.591.93 mt2, para el público fue de $22.500 millones y en los papeles por $18.000 millones. El Club San Fernando ha seguido dando la pelea jurídica, tuvo la posesión dada por la dirección nacional de estupefacientes, hasta que nuevamente la tomó la SAE, quien ahora saca a la venta el lote.
En ese predio el alcalde Armitage soñó con un parque público y áreas para institucionales, otros hablaron de un parqueadero público ante la carencia de estacionamientos en el estadio y zonas aledañas, otros con mantener el uso de la salud ya invadido todo el área de San Fernando y Tequendama etc.
Ahora el lote va a subasta pública, a quedar en manos de empresas de salud o de propiedad de testaferros de los antiguos compradores, a quienes no les gusta perder en los negocios. Es decir de uso institucional, pasará a comercial…
La plaza de toros vendió 35.000 mt2 con apoyo del alcalde Guerrero.
En un hecho insólito para la historia de la ciudad, un área declarada como parque público mediante acuerdo municipal, donde entre el municipio de Cali, la gobernación del Valle, Emcali, Emsirva e Infivalle, tienen el 39% de las acciones, se dieron la tarea de financiar A unos empresarios, para a su vez montar un centro de eventos tipo Arena internacional, vendiendo parte del lote, con un gran detrimento urbanístico y ambiental de la ciudad de Cali.
Los accionistas de la plaza de toros, decidieron vender más de 35.000 mt2, que es el 43% del lote total del terreno que era de 83.000 mts2, que ocupaba el antiguo coso de Cañaveralejo.
El líder de esta negociación en su momento fue Alfredo Domínguez Borrero en la presidencia de la junta directiva de la plaza de toros, con la colaboración permanente de la ministra de cultura Mariana Garcés, quienes lograron obviar la competencia constitucional del Concejo municipal, para definir el uso del suelo del terreno y así proyectaron un plan especial de manejo al monumento nacional, que les permitió vender el lote para un centro comercial Falabella.
No hubo poder humano que el uso especial institucional determinado en el POT, como patrimonio cultural, con plan especial para su protección patrimonial, ambiental y paisajística e inscrito dentro del parque de áreas libres que conforman la plaza de toros, el gimnasio del pueblo y el velódromo de la ciudad, pudiera hacer respetar su normatividad. Todo bajo el liderazgo del alcalde Rodrigo Guerrero, su director de planeación, su directora del Dagma y con el silencio de la gran mayoría de los concejales de Cali.
Todo por una cifra de $73.000 millones, donde pudo la voracidad insaciable de algunos comerciantes de lo público y de lo privado para vender el lote.
De esta manera los negociantes le han hecho 2 goles grandes a la ciudad y aún es el momento que los caleños puedan reaccionar y hacerse valer en el Concejo municipal de Cali, de tal manera que la Corte Constitucional haga valer su competencia constitucional, para definirle el uso del suelo de espacio público institucional al club San Fernando y a la Plaza de Toros de Cali