Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
A raíz de la decisión tomada por UBER de salir del país después de que la Superintendencia de Industria y Comercio resolviera suspender definitivamente la operación de dicha plataforma tecnológica, se ha desatado nuevamente una gran polémica sobre la prestación de este servicio que utiliza a los propietarios de vehículos particulares afiliados a dicha plataforma.
Quienes consideran que UBER opera este servicio en contravia del ordenamiento jurídico del país, tienen toda la razón por cuanto dicha plataforma no se sujeta a las normas que rigen ese servicio de transporte de pasajeros, lo que sí sucede en otros en donde compiten en igualdad de condiciones con similares plataformas tecnológicas.
En la actualidad cursa en el Congreso de la Republica un proyecto de ley encaminado a regular la operación de las plataformas tecnológicas que compiten en el mercado y que como UBER constituyen un monopolio que tiende a limitar el ejercicio de la libre competencia garantizada en la Constitución Nacional.
En este momento se hace cada vez más urgente regular la operación de todas aquellas plataformas que operan en el pais y en especial la de UBER, que se ha extendido a toda la nación y que actúa con abuso de su posición dominante, desplazando a todos los demás competidores y apropiándose de la prestación del servicio de transporte de pasajeros, so pretexto de ofrecer una mejor calidad del servicio de plena aceptación de los usuarios del mismo, circunstancia ésta que se produce con la connivencia de las autoridades del Estado, que no se atreven a hacer cumplir el orden constitucional y legal, para no importunar a la multinacional norteamericana de UBER.
Por otra parte consideramos desde la Veeduría , que es necesario que los conductores de taxis amarillos que laboran largas jornadas de trabajo, sin prestaciones sociales, cuenten con la posibilidad real de convertirse en propietarios de los vehículos que conducen, con lo cual se le daría a esta actividad un sentido social, en tanto que resulta por lo demás inaceptable que se privilegie la concentración de la propiedad de los taxis en poder de unos pocos propietarios que por este hecho obtienen pingües ganancias con la explotación económica del trabajo de miles de conductores, que cada vez les resulta más difícil cumplir con la cuota de entrega impuesta por el propietario del taxi o la empresa a la cual está afiliado el vehículo.
Igualmente debe eliminarse el “cupo” que se impone al propietario de cada taxi para poder circular, medida está que comenzó a regir a partir de la alcaldía de Jaime Castro, quien creía que de esta manera se lograría evitar las grandes congestiones de taxis, lo cual resultó ser contrario a la realidad. Dicho instrumento se ha traducido en un mecanismo de explotación cuyo precio es convenido por alcaldes y transportadores para eliminar la competencia, prestándose para toda clase de corruptelas al por mayor.
Las organizaciones de taxistas convocadas a las mesas de trabajo para discutir los términos del nuevo proyecto de reglamentación de las plataformas tecnológicas, tienen la oportunidad para proponer un cambio estructural del actual modelo de prestación del servicio de pasajeros en los taxis, además de exigir un tratamiento justo acorde con la ley laboral frente a los propietarios y empresarios de este tipo de transporte de pasajeros, siendo este el camino para garantizar el libre ejercicio de la competencia y los derechos de los conductores de los taxis y de los vehículos partículares afiliados a las plataformas tecnológicas.
Veeduría Ciudadana por La Democracia y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social