Por Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La suscripción del acuerdo entre las FARC-EP y el gobierno del presidente Santos en torno a la terminación del conflicto armado, el cual conlleva al cese bilateral del fuego y de hostilidades, el otorgamiento de garantías de seguridad para el grupo insurgente, la lucha contra el neo-paramilitarismo y otros elementos armados, la entrega de las armas a la ONU y la escogencia del mecanismo de refrendación de los acuerdos con base en lo que determine la Corte Constitucional, constituye sin lugar a dudas un paso adelante en el camino para lograr un acuerdo final que le permita a los colombianos, dadas las nuevas condiciones políticas y sociales, empezar a construir una Paz posible con el concurso de las fuerzas políticas, sociales y regionales interesadas en gestionar la realización de una serie de cambios que requiere el país y demandan los ciudadanos.
Como se sabe dichos cambios han venido siendo aplazados en medio de la violencia desatada por las fuerzas de la insurgencia en respuesta a la violencia oficial y privada en la lucha por el predominio y afianzamiento económico y político del poder, que ha causado muerte, desolación, desplazamiento y destrucción de la riqueza social, cuyo accionar parece haber culminado definitivamente con los acuerdos a que han llegado los actores del conflicto armado.
Con dichos acuerdos se busca ante todo que la lucha política se pueda asumir sin necesidad de usar las armas y más bien utilizando para ello las formas y métodos legales y pacíficos que consagran la Constitución y la ley.
Este hecho de por sí tendrá una inmensa repercusión en el orden político y jurídico del país en tanto que la insurgencia se transforme en un partido o movimiento político que en alianza con las fuerzas políticas, sociales y regionales de oposición al régimen, logre convenir nuevas estrategias para acceder al poder del Estado sin recurrir a la violencia armada.
Está claro que los acuerdos apenas sí constituyen el abrebocas del proceso de paz que el pueblo colombiano debe recibir con entusiasmo y beneplácito, pero limitados a los términos específicos de los mismos en materia de derechos y obligaciones entre las partes contendientes y el cumplimiento de una serie de trámites, procedimientos y plazos establecidos, al tiempo que los ciudadanos deben estar atentos y recibir con ciertas reservas las promesas del gobierno derivadas de dichos acuerdos que serán plasmadas en el acuerdo final y las reformas económicas, políticas y sociales con las cuales se pretende transformar las condiciones de vida de los campesinos, trabajadores del campo, pequeños y medianos propietarios de tierras y demás sectores sociales pertenecientes a las clases populares y medias de las ciudades, que hoy reclaman sus derechos y libertades y aspiran a que con la terminación del conflicto armado, los recursos del presupuesto nacional que antes se destinaban a la guerra sirvan ahora para atender sus necesidades e intereses comunes y esenciales.
De esta manera los gobiernos no podrán apelar al viejo y desueto expediente de la violencia ligada al conflicto armado para justificar el atraso de la economía, la restricción de los derechos y libertades, la existencia de una democracia restringida, la creciente pobreza en el campo y las ciudades y la desigualdad social en el país, mientras tanto un sector privilegiado de la sociedad se enriquecea costa de la explotación económica del trabajo, la creciente concentración de la riqueza territorial y accionaria en cabeza de grandes terratenientes, ganaderos, comerciantes e industriales en asocio con el capital financiero nacional e internacional.
Con el fin de asegurar el cumplimiento de los acuerdos es menester que el gobierno se comprometa no solo a divulgar el contenido de los mismos sino a informar sobre su desarrollo a fin de evitar su tergiversación, ya que tal exigencia constituye un deber del Estado y un derecho de los ciudadanos a conocer y estar bien informados sobre su contenido y aplicación debidos.
Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de laDemocracia y la Convivencia Social