Por Luz Betty Jimenez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Lo que acaba de suceder con la suscripción del acuerdo de “renegociación” de la deuda de un billón de pesos que la nación le impuso a EMCALI, constituye un verdadero atentado contra la unidad de la empresa, que de ahora en adelante carga con todas las deudas en cabeza de las unidades de negocios de acueducto y alcantarillado y energía respectivamente, en tanto se libra a telecomunicaciones (TELCO) de todos los compromisos y obligaciones con la nación, con lo cual se prepara el camino para su privatización antes de que termine el presente año.
Y de ahí que en el documento CONPES del 1 de junio de 2016 y en el acuerdo de pago suscrito el 5 de junio/16, se imponga a EMCALI la obligación perentoria de eliminar la unidad de caja y a tener flujos contables separados, aspectos estos que no fueron difundidos ni informados en los boletines oficiales ni en las ruedas de prensa, como tampoco en los medios de comunicación, que por lo demás no se pusieron en el trabajo de leer dichos documentos en su integridad.
Al individualizarse la caja de cada una de las unidades de negocios se debilita la caja general de EMCALI y con ello su estructura económica y financiera.
Por otra parte, de acuerdo con el citado CONPES a EMCALI se le impuso la obligación de presentar estudios y diseños debidamente aprobados relacionados con las obras de infraestructura en redes de acueducto y alcantarillado, además de la modernización de la PTAR, con miras a evitar que buena parte de las aguas residuales de la ciudad se viertan sobre la Cuenca Alta del Rio Cauca sin la debida depuración, contribuyendo con esto a su contaminación y deterioro.
Todo esto afectará directamente la situación económica y financiera de EMCALI como empresa multiservicios , que ya de por sí soporta innumerables problemas de orden técnico, comercial y operativo derivados de la mala gestión administrativa realizada en el pasado por la Superintendencia de Servicios Públicos y de la pasada y actual administración que han llevado a la empresa a tener que absorber la pérdida de aguas en porcentajes superiores al 57%, la cual no podrán superarse ni mitigarse con medidas como la de disminuir el consumo básico y aumentar la tarifa del mismo, generando un trato desigual e inequitativo con los usuarios de los servicios públicos domiciliarios pertenecientes a las clases medias y populares de la población atendidas por EMCALI.
Esta práctica desmedida del gobierno nacional y aceptada por la administración municipal en torno al acuerdo de pago ha sido considerada por ésta como el mejor acuerdo que la empresa ha suscrito con la Nación, lo que desde la Veeduría que representamos la calificamos como un abuso del derecho de un gobierno que habla de paz y de respeto a la legalidad, pero que en los hechos se comporta como un ente autoritario y despótico que actúa en contra del interés general.
En este caso, el CONPES /2016 y la firma del Acuerdo de pago en lo que corresponde a su verdadero contenido han sido ocultados a los ciudadanos a quienes les asiste el derecho de ser informados de manera objetiva, veraz e imparcial, tal como lo dispone la Constitución Política, de la cual se desprende la obligación de los funcionarios y de los medios de comunicación de cumplir con el deber de informar conforme a dichos principios.
Veeduria Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social