Por Guillermo E. Ulloa T.
El paro camionero, el más largo en la historia reciente del país, cumple cuarenta días. El incremento del costo de alimentos y escasez de materias primas para el sector productivo pone en jaque las cadenas productivas de la economía. El desabastecimiento alimentario y perdidas multibillonarias de la economía no tienen precedentes en la historia.
La diferencia entre las pretensiones del sector transportador demandando incremento del 40% y el ofrecimiento del gobierno del 8.6% manifiesta una brecha difícilmente negociable. El proceso de chatarrizacion, buscando reposición de equipos obsoletos por nuevos, convertido en foco de corrupción para apropiarse ilícitamente, en complicidad con funcionarios públicos, de recursos del estado linde con la moral, idoneidad del estado e implicaciones penales.
La ineficiencia y costo del transporte terrestre, registrando valores de fletes terrestres internos, entre los más altos en América Latina, superando el costo del flete marítimo entre Europa o China y Colombia perjudica la competitividad en un mundo globalizado y demanda acciones inmediatas y duraderas.
A este tenebroso panorama se suma la contracción de la economía nacional agobiada por una mayor deuda fiscal y un mayor déficit fiscal previendo la imperiosa e inaplazable necesidad de una reforma tributaria, ampliando la base tributable de la población activa, en perjuicio de los más vulnerables segmentos poblacionales e incremento en por lo menos 3 puntos al IVA.
Los indicadores económicos apuntan a una desaceleración. Previsión de crecimiento del PIB del 2.5%, el más bajo de los últimos años, inflación proyectada superando el 8%, mayores tasas de interés son señales inequívocas de contracción económica. La construcción de vivienda nueva, medida en metros cuadrados, sufre una caída del 26% y venta de automóviles un 15%. Retrasos en iniciación y cierre financiero de obras de infraestructura, especialmente las 4G, señalan dudas del sector inversionista, ajustando su estimativo de riesgo, ante incertidumbres económicas futuras y solución a la problemática del transporte terrestre.
La balanza comercial, con menores precios y volumen exportable de hidrocarburos, pese a la iniciativa devaluativa, muestra tendencia negativa. El ingreso de divisas, que mantienen la cotización difícilmente superando la barrera de los $ 3 mil pesos, desafortunadamente proviene de cultivos ilícitos y es resultante de incremento en aéreas de producción y el consecuente impacto negativo de delitos asociados con el narcotráfico.
Los estímulos y subsidios económicos propuestos en el post conflicto deben revaluarse y acomodarse ante la realidad nacional. La multibillonaria inversión proyectada para el post conflicto tiene que ser consecuente con la posibilidad fiscal y concebidos hacia la competitividad sostenible que permita volver al sendero de un crecimiento y desarrollo económico saludable.
El gobierno del Presidente Santos sigue embelesado, enceguecido y obstinado con los acuerdos de La Habana, despreciando y desestimando la problemática económica y social del país, favoreciendo una ínfima población, en detrimento de la mayoría pacifica de colombianos.
De no corregir su postura, estará llevando el país al abismo del desgobierno y anarquía.