Por Luz Betty Jimenez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Las prerrogativas de carácter potestativo que la ley entrega a los entes territoriales para imponer tributos a los contribuyentes o a los usuarios de los servicios públicos como las tasas, no pueden convertirse en una patente de corzo en manos de los gobernantes para exigirles a los ciudadanos mayores pagos por los ya deficientes servicios que reciben del Estado.
Discute la Asamblea Departamental del Valle el proyecto de ordenanza 015 de 2016 “por medio de la cual se adopta la tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana destinada a financiar el Fondo cuenta territorial de seguridad y convivencia ciudadana”, con la cual se pretende imponer a los usuarios del servicio de energía eléctrica en todo el departamento del Valle del Cauca una tasa con destino a la seguridad y la convivencia, exonerando de al misma a los estratos 1, 2 y 3, en tanto que los usuarios de los estratos 4, 5 y 6 verán incrementado su consumo de energía en porcentajes del 1% al 3% respectivamente.
La exposición de motivos del proyecto de ordenanza señala que la finalidad de este nuevo gravámen es para garantizar el orden público, la estabilidad institucional y la convivencia ciudadana conforme lo establece el artículo 231 de la Const. Pol., el cual hace parte del Capítulo “De los Estados de Excepción”.
Llama la atención que estando el país al borde terminar el conflicto armado aunque no se haya firmado aún el Acuerdo final de La Habana (Cuba), la gobernadora del Valle pretenda que la Asamblea imponga un gravamen a los usuarios del servicio de energía eléctrica para que dichos recursos se inviertan en dotación, material de guerra, reconstrucción de cuarteles y otras instalaciones, compra de equipos de comunicación, compra de terrenos, montaje y operación de redes de inteligencia, recompensas a personas que colaboren con la justicia y seguridad de las mismas; servicios personales, dotación y raciones, nuevos agentes y soldados, tendientes a generar un ambiente que propicie la seguridad y la convivencia ciudadana, para garantizar la preservación del orden público, como lo ordena el artículo 7 de la ley 1421 de 2010 que da origen a los Fondos de Seguridad y Convivencia Ciudadana el cual es uno de los fundamentos jurídicos del citado proyecto.
Las normas jurídicas deben adecuarse a las circunstancias históricas del momento y la Asamblea Departamental del Valle no debe imponer un tributo creado con base en normas para un país que vivía en un conflicto interno el cual se enfrentaba militarmente con el concurso de la fuerza pública. El presidente Santos al igual que los partidos y movimientos políticos han sido reiterativos en expresar que uno de los principales beneficios de la paz es que el costo económico de la guerra disminuirá y esos recursos del presupuesto servirán para atender necesidades sociales no resueltas en materia de educación, salud, servicios públicos, seguridad ciudadana, medio ambiente, etc.
Además, el recaudo de los recursos que se obtengan en el hecho generador en este caso la energía eléctrica que en el caso de Cali es prestado mayoritariamente por EMCALI, debe ser destinado exclusivamente al Fondo Territorial de Seguridad Municipal, por expresa disposición del Decreto Presidencial 577 de 2011. Al respecto, el Municipio de Cali tiene su propio fondo para atender la seguridad ciudadana, inclusive el alcalde Armitage entregó recientemente cámaras y motos a la policía para atender la función de la convivencia ciudadana y por tanto la tasa que se pretende cobrar a los usuarios por el Departamento del Valle, sobrepasa la finalidad para el cual fue creado el fondo respectivo; amén de que no se han atendido las necesidades sociales y económicas de la inmensa mayoría de la población caleña que padece un elevado desempleo, informalidad laboral y empobrecimiento de sus clases medias y que de ser aprobada la tasa se agravará aún más su situación social.
Con la imposición de la tasa para la seguridad y convivencia no se resolverán los problemas generados por la criminalidad en la ciudad de Cali, cuyas causas no podrán superarse con medidas impositivas como tampoco prever ni prevenir sus efectos nocivos tal como ha quedado demostrado con medidas similares adoptadas en el inmediato pasado.
La obligación de los ciudadanos de contribuir con el pago de sus tributos (impuestos, tasas, tarifas, contribución de valorización, etc.) por la prestación de los servicios públicos a cargo de la Nación, departamentos y municipios, no significa en modo alguno que servicios como la seguridad, la justicia, el mantenimiento del orden público, etc., puedan ser objeto de cobro en tratándose de una obligación exclusiva del Estado él cual debe velar no solo por la vida, honra y bienes de los ciudadanos si no financiar dichos servicios con los recursos del presupuesto y no con gravámenes adicionales impuestos por alcaldes o gobernadores que así tengan como fundamento la ley y varios decretos, se convierten en un abuso del derecho más aún en momentos en que se impone la necesidad de destinar los recursos públicos que se nutren con los impuestos, tasas, etc., de los contribuyentes para resolver problemas de orden económico y social de la comunidad.
Veeduria Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para elEjercicio de la Democracia y la Convivencia Social