Por Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
La aprobación por parte de la Asamblea departamental de una tasa para la Seguridad que se cargará a los servicios públicos de energía que pagan los usuarios pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6, correspondientes a diversas capas medias que en lo fundamental viven de su trabajo, constituye una nueva imposición que linda con el abuso del Derecho de parte de unas autoridades que pretenden trasladarle a los usuarios el costo de un servicio que debe cubrir por mandato constitucional la Nación con los recursos del presupuesto, siendo potestativo de alcaldes y gobernadores proponer este tipo de gravámenes, lo cual debe ser consultado particularmente existiendo toda clase de observaciones y reclamos de los ciudadanos que consideran inoportuna e inconveniente su imposición, en momentos en que, incluso las estadísticas oficiales muestran por ejemplo, que ha habido una reducción de los homicidios y robos a residencias entre tanto aumenta el número de detenciones y desarticulación de bandas criminales por cuenta de las fuerzas policiales.
Sí esto es así no parece viable que se establezcan nuevas cargas tributarias para atender la supuesta seguridad de los ciudadanos, la cual se puede garantizar con los recursos que para tal fin dispone el Estado en su conjunto tal como ha quedado demostrado con los informes estadísticos antes señalados.
Por otra parte, está claro que los problemas derivados de la criminalidad corriente existente en algunos municipios no se podrán resolver con simples medidas policivas mientras se dejan de atender las verdaderas causas que la generan.
Por lo demás resulta insólito que el alcalde de Cali manifieste que “no tiene problema con que a los estratos ricos les cobren impuestos”, y simultáneamente salga a la defensa de los comerciantes e industriales, a quienes según él, no se les debiera cargar dicha tasa a fin de evitar que se alejen de la ciudad y dejen de ser competitivos.
El mandatario Armitage pasa por alto el hecho relevante de que son precisamente los caleños pertenecientes a las capas medias las que más contribuyen con el fisco municipal con el pago de sus impuestos, tasas, contribuciones de valorización, etc., que a diferencia de las clases y grupos sociales privilegiados, no tienen la posibilidad de trasladar el costo de los mismos a los consumidores como si lo hacen quienes viven de la explotación del comercio, de la industria y de la especulación financiera, teniendo en consecuencia que descontar dichos costos y gastos de su salario, pensión y de su escaso presupuesto familiar.
Es de anotar que la citada tasa resulta por lo demás inequitativa ya que no se tuvieron en cuenta las diferencias de ingresos entre los usuarios de la energía de los estratos 4, 5 y 6 (residencial) y los del sector empresarial y comercial, los cuales pagaran un porcentaje del 1.7%, inferior al 2% que cancelaran los estratos antes citados.
La aprobación del proyecto de ordenanza ha estado precedido como en ninguna otra ocasión de toda una parafernalia, que va desde la reunión de la gobernadora con los comandantes del ejército nacional, la fuerza aérea, la Armada nacional, la policía, los alcaldes de los municipios del departamento, autoridades civiles, gremios económicos; hasta la rendición de cuentas al presidente Santos en la base aérea Marco Fidel Suárez, con lo cual se cierra un ciclo de reuniones y adhesiones que si bien es cierto son comunes y corrientes en estos casos, hacen parte de la forma como los gobernantes actúan pasando por encima de los reclamos, quejas y observaciones de los ciudadanos al igual que de pequeños y medianos empresarios y comerciantes, a quienes la administración y la Asamblea departamental no escucharon en sus requisiciones.
Una vez más se pone de presente el desprecio de las autoridades a los ciudadanos al considerar que la democracia participativa no es más que un requisito formal cuyo contenido siempre aparece mediatizado por el autoritarismo secular, la politiquería y la corrupción.
Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social