Por Luz Betty Jimenez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Aunque de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional el trabajo es un derecho que goza de especial protección por parte del Estado, comprometido a garantizarlo plenamente con la aplicación de los principios básicos fundamentales consagrados en la Constitución, esto no ha sido posible ya que el Congreso de la República durante los veinticinco años de vigencia de la Carta Magna no expidió el Estatuto del Trabajo como era su obligación, acorde con los tratados internacionales suscritos por Colombia y que hacen parte de la legalidad interna del país.
Esta circunstancia ha hecho que perduren las desigualdades y los desequilibrios entre los trabajadores del campo y la ciudad, del sector privado y estatal, hombres y mujeres, etc., en aspectos esenciales como la remuneración proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, la estabilidad en el empleo, la garantía de la seguridad social y al descanso, la protección especial a la mujer, el trabajo de los menores y en el mejor de los casos el derecho a pensionarse después de haber contribuido con su fuerza de trabajo a la creación de la riqueza social de la nación.
La pregunta que cabe hacerse es si el Estado y la clase dirigente que hoy se encuentra ad portas de firmar los acuerdos de La Habana (Cuba) sobre la terminación del conflicto armado y la construcción de la paz, están dispuestos a garantizarla, creando nuevas y mejores condiciones de trabajo y empleos directos en las ciudades y particularmente en las zonas rurales, en tanto que el empleo rural que se ofrece no tiene un carácter estable y permanente no obstante la diversificación de la agroindustria y de la agricultura en algunas zonas del territorio nacional, amén de la disparidad entre el salario urbano y el rural y el carácter precario de las condiciones en que laboran los campesinos y trabajadores del sector lo cual está muy lejos de constituir las bases de un trabajo digno y estable y con seguridad social.
Así mismo nos preguntamos en que queda toda esa fantasía de que hacen gala los empresarios en torno a la concebida responsabilidad social, mientras desde la ANDI sus miembros se oponen al proyecto de ley sobre la estabilidad laboral reforzada que cursa actualmente en el Congreso y que busca que el trabajador no sea despedido de su puesto si le faltan tres años o menos para adquirir su pensión de vejez, con el manido argumento de que por este camino, se afectará negativamente el mercado laboral en la medida en que las empresas terminaran despidiendo a los trabajadores antes del tiempo previsto para tal efecto.
Para los fanáticos de las políticas neoliberales el ideal es reducir los salarios, pensiones y demás derechos económicos y sociales de los trabajadores, circunstancia ésta que concurre con la desvalorización de la actividad laboral, generándose mayor desigualdad social y la proliferación de trabajo informal y tercerizado que atenta contra la calidad y el bienestar de los trabajadores. Esta situación se agrava aun más con la introducción de nuevas tecnologías con las cuales se reemplaza el trabajo de cientos de trabajadores que pasan a ocupar las filas de los desempleados que crecen con la sociedad capitalista globalizada, las cuales comenzaran a reflejarse en nuestro caso a partir de la aplicación y ejecución de la denominada ley de ZIDRES con sus correspondientes decretos ejecutivos generando trabajo asalariado pero transitorio y de mala calidad, acorde con los intereses de los grandes terratenientes, ganaderos e industriales del agro y de las multinacionales que hoy se encuentran a la espera de que el gobierno de Santos les asegure “en tiempos de paz” las garantías jurídicas y laborales suficientes para obtener mayor rentabilidad y ganancias a costa de la explotación económica del trabajo.
En todo caso habrá que decir que en tanto se pongan en marcha el proceso de paz y las políticas neoliberales de Santos, también se generalizaran los conflictos sociales que llevaran a los campesinos, trabajadores del campo y de la ciudad a realizar toda clase de acciones contra dichas políticas, que finalmente el régimen no podrá contener con todo y la demagogia del lado del gobierno sobre los acuerdos de paz convertidos en un medio para construir no la paz que queremos los colombianos sino la paz del establecimiento que reclaman las clases dirigentes y que eventualmente podrán desatar nuevas formas de violencia o generar un clima de conciliación de clases entre el capital y el trabajo, de las cuales el pueblo no se podrá salir sino rompe la coyunta que lo ata al pasado y le impone vivir en un presente de incertidumbre contrario al de buscar una nueva y verdadera esperanza de paz con justicia social para el futuro del pueblo colombiano.
Veeduria Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social