Por Luz Betty Jimenez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
En la medida en que crece la desconfianza en el gobierno del presidente Santos, cuya popularidad ha bajado en las encuestas de opinión al 17%, varios sectores económicos y políticos pertenecientes al establecimiento exigen que el gobierno presente cuanto antes al Congreso de la república el anunciado proyecto de reforma tributaria, previendo que puedan aumentar los problemas relacionados con el déficit fiscal y presupuestal que impedirán que el Estado pueda cumplir con sus compromisos y obligaciones adquiridas, afectándose con ello a los inversionistas nacionales y extranjeros, que ya ven con recelo el manejo precario que se le viene dando a la situación económica por la cual atraviesa el país.
Lo paradigmático de esta situación es que a estas alturas el gobierno no sabe en definitiva si presenta la reforma antes de la convocatoria del plebiscito, con lo cual podrá estar apostándole a un eventual fracaso, en relación con el avance del proceso de paz con la terminación del conflicto armado y la implementación de los acuerdos de La Habana (Cuba).
Todo lo anterior debido a que si se presenta la citada reforma con la cual se pretende trasladar buena parte de la carga tributaria a los contribuyentes que en lo fundamental viven de los ingresos laborales, no es improbable que dicha circunstancia termine influyendo negativamente sobre el resultado de la votación para el plebiscito. Por el contrario, si dicho evento se cumple con posterioridad a la realización de la jornada plebiscitaria, es posible que el gobierno no cuente con el tiempo suficiente para lograr que en el Congreso se discuta y apruebe el mencionado proyecto de ley, amén de que los contribuyentes a sabiendas de lo que se les viene encima, decidan de antemano no participar en el debate político en respuesta a la imposición de las políticas del gobierno y del propio presidente Santos.
El dilema que se le plantea al gobierno contiene una profunda contradicción desde el punto de vista político y social, en tanto que Santos no representa ni defiende en la práctica los intereses comunes económicos, políticos, sociales, de los ciudadanos de acuerdo con lo establecido en la Constitución y la ley, si no aquellos correspondientes al gran capital nacional y transnacional, que hoy lo presionan a través de sus voceros más connotados para que presente a la mayor brevedad posible la mencionada reforma tributaria, aunque con ello se malogren los anhelos de paz de los colombianos.
Los ciudadanos conscientes de lo que pueda suceder en el inmediato futuro tienen el deber moral y político de exigirle al Congreso de la república que se adelante un gran debate político sobre dicho proyecto de reforma, durante el cual se debe hacer énfasis en la necesidad de privilegiar para efectos tributarios las rentas de trabajo por encima de las rentas del capital financiero nacional e internacional, cuyos empresarios, banqueros y terratenientes agrupados en grandes monopolios aspiran a que se les rebajen los impuestos, precisamente en momentos en que el Estado requiere de ingentes recursos para atender sus propias necesidades y las resultantes del post conflicto.
En esta ocasión el gobierno debe cumplir con el mandato constitucional que le impone la obligación de defender el interés general y el bien supremo de la paz, al tiempo que aquellos que pregonan la consigna de la responsabilidad social, no pueden esgrimir ninguna excusa para no contribuir con sus ganancias a solventar el costo de la paz con justicia social.
Veeduria Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social