Por Luz Betty Jimenez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
No obstante las denuncias reiteradas del alcalde Armitage sobre la corrupción en varias dependencias Municipales éstas, fuera de generar un gran escándalo público no tendrán mayores consecuencias sí para tal efecto no se soportan debidamente con las pruebas indiciarias encaminadas a determinar la presunta responsabilidad de los funcionarios comprometidos con la comisión de varios delitos generalmente ligados a la contratación oficial y a la politiquería reinante desde tiempo atrás en el seno de la propia administración.
El origen de tanta corrupción está en la privatización de la función pública en la medida en que el Estado se ha desprendido de su labor de ejecutar directamente sus funciones, entregándolas en concesión o mediante las denominadas alianzas público privadas o para la contratación de servicios de salud, educación, etc., con cargo al presupuesto del cual se nutren los contratistas y la clientela política.
Paradójicamente la ley 80/93 que regula la contratación pública con todas sus modificaciones, no ha servido para evitar que se expanda la corrupción que hoy se lleva una tajada del presupuesto municipal, que termina en manos de los contratistas y funcionarios inescrupulosos que intervienen en la adjudicación de las obras y la prestación de determinados servicios públicos a cargo de la municipalidad.
Este hecho generador de la corrupción, se cubre de alguna manera incrementando los impuestos y demás gravámenes que con tanto esfuerzo deben pagar los contribuyentes, a la espera de que se realicen las obras y se presten los servicios, casi siempre precedidos de grandes sobrecostos que encarecen sustancialmente su valor en contra del erario público.
Lo más grave de esto radica en la existencia de cierta complicidad que se ha venido generalizando en la ciudad para ocultar y/o disimular hechos de corrupción que se vienen dando para lo cual se apela al socorrido argumento de que “aquel que se atreve a denunciar la corrupción, o está loco o es un enemigo del progreso”, pretendiéndose con ello acallar las voces de los ciudadanos y veedores que cumplen con el deber constitucional y legal de denunciar a aquellos servidores públicos que prevalidos de su autoridad se extralimitan en el ejercicio de sus funciones e infringen la ley penal, disciplinaria y fiscal.
Mientras tanto se acrecientan los problemas y se aplazan las medidas que reclaman los ciudadanos en materia de empleo, seguridad, educación, salud, vivienda, movilidad, que demandan aquellos y cuya ejecución se dilata en el tiempo sin mayores explicaciones, en el caso de una administración de por sí paquidérmica y mediatizada por el flagelo de la corrupción que restringe su accionar y se encuentra sometida en buena parte a la voluntad e intereses de los contratistas, cuyo afán de lucro no tiene límites ya que el dinero constituye el valor supremo y el motor de la iniciativa pública y privada.
Veeduría Ciudadana por la Democracia y la Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para el Ejercicio de la Democracia y la Convivencia Social