Por Luz Betty Jiménez De Borrero / Pablo A. Borrero V.
Existe una relación dialéctica entre la democracia, el derecho y la economía que tiene por objeto las relaciones de la producción social las cuales constituyen la base natural y perenne de la existencia y desarrollo de la sociedad. En este sentido se puede afirmar que la economía determina en general el surgimiento, afirmación y desarrollo de la democracia como forma de organización del poder y del derecho como expresión de la voluntad de la clase dirigente que gobierna la vida económica, política y social. A su vez las formas e instituciones que integran la democracia y el derecho, influyen sobre la economía de los pueblos transformándola o retardando su desarrollo en interés de unas u otras clases y grupos sociales en que se encuentra dividida la sociedad y se asienta el poder del Estado.
Y de ahí que se pueda afirmar que en determinadas condiciones y circunstancias la democracia ofrezca a los ciudadanos la oportunidad por ejemplo para escoger sus gobernantes y participar en los asuntos de la vida social y estatal, en tanto surgen nuevos derechos y libertades con lo cual se refrenda en la práctica la orientación progresista de la sociedad. Pero también existe la posibilidad de que en desarrollo de determinadas condiciones políticas y sociales surjan procesos negativos, que como la concentración y centralización del poder económico y político, engendran situaciones negativas que traen como consecuencia el viraje de la democracia a la reacción política, al engaño y a la violencia conjuntamente con la restricción de los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Esta circunstancia determina que las fuerzas de la paz y del progreso social no puedan avanzar por los caminos democráticos y de la legalidad institucional, generándose de esta manera una gran crisis que hoy se vive en varios de los países del mundo capitalista globalizado. Dicha crisis coincide en términos generales con el reforzamiento del poder ejecutivo al cual se le otorgan facultades legislativas especiales y extraordinarias para dictar leyes y toda clase de normas jurídicas, en donde se fija la política del gobierno de turno y no la que resulta de los compromisos y acuerdos con las fuerzas políticas y sociales, disposiciones estas a las cuales se tienen que subordinar jueces y magistrados respectivamente.
Esta práctica reiterada no descarta la posibilidad de que los gobiernos reformistas de derecha ofrezcan a los ciudadanos en aparente igualdad de condiciones y a las fuerzas de oposición al régimen, la opción de participar en las cuestiones del Estado y la sociedad como resultado de los compromisos adquiridos en medio del debate político electoral.
Todas estas reflexiones deben servir al pueblo colombiano y a los sectores políticos y sociales de estirpe democrática y progresista para no caer en la tentación e ilusiones que han comenzado a despertar el interés y las aspiraciones en torno al contenido de los acuerdos suscritos en La Habana (Cuba) -cuya implementación estará a cargo del presidente Santos-, y que contienen una serie de cambios económicos y políticos que de materializarse constituirán un avance Importante, en tratándose por ejemplo del desarrollo rural integral que sacará al país del atraso económico en el campo y reivindicará la tenencia de la tierra para el campesino dispuesto a trabajarla, contando para ello con el apoyo del Estado y el mejoramiento sustancial de las relaciones laborales para los trabajadores con todos sus beneficios económicos y sociales.
Así mismo resulta de gran valía la incorporación de los sectores sociales que viven en las zonas rurales a la vida política del país a partir de la puesta en práctica de los acuerdos respectivos.
Por supuesto que no hay que descartar la posibilidad convertida en realidad del incumplimiento de los acuerdos y compromisos por parte del Estado alegando razones fiscales, presupuestales o de cualquier otra índole, frente a las cuales los campesinos, trabajadores del campo, pequeños y medianos propietarios de tierras, deberán estar preparados y atentos a realizar las acciones políticas y jurídicas tendientes a hacer valer sus derechos y aspiraciones utilizando para ello las formas y métodos legales y pacíficos de la lucha social y democrática que les permitan así mismo impulsar el crecimiento y desarrollo de la economía del país, el progreso y el bienestar general para todos los colombianos.
Veeduría Ciudadana Por La Democracia Y La Convivencia Social
El Control Ciudadano Sobre la Gestión Pública es Condición Indispensable para elEjercicio de la Democracia y la Convivencia Social