Por Emilio Escobar Gutiérrez
Las Empresas Municipales de Cali reajustaron desde el pasado viernes 15 de julio, en un 3.2% sus tarifas de Acueducto y Alcantarillado a todos consumidores de la ciudad en razón al crecimiento acumulado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos doce meses, en virtud de lo establecido en el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994, comúnmente llamada “Ley de Servicios Públicos”.
Y esto se puede considerar apenas normal, pero al analizar los cobros indebidos por las mal llamadas “megaobras” en las cuales el Alcalde de Cali incluyó como proyectos que generan valorización, múltiples trabajos de reposición de redes de acueducto y alcantarillado en algunos sectores de la ciudad, complementada en otros con cambios de infraestructura de energía y teléfonos, servicios que presta EMCALI, tenemos todo el derecho, por lo menos, a la invariabilidad de tarifas por un tiempo prudencial, en compensación por la “ayudita” obligada a nuestra empresa estatal a la que nos condenaron el burgomaestre y su Concejo de bolsillo, violando todo concepto de plusvalía que puedan generar una obra de este tipo en los predios de la ciudad.
No creo que la idea de costear reposición de redes de servicios públicos obsoletas, deterioradas por el paso del tiempo sin las oportunas tareas de mantenimiento y reposiciones parciales, haya salido de la intervenida EMCALI, sino que fue gestada por la Administración Municipal para hacer un inmenso volumen de obras financiadas en forma obligatoria por los propietarios de predios de Cali, cuando los fondos necesarios debieron ser proporcionado por el ente que nos cobra el agua, el alcantarillado, la energía y el teléfono. Por estos conceptos se generaron millonarios contratos con grandes firmas que finalmente subcontrataron con otras menores sin la debida capacidad técnica ni administrativa, generando larguísimos cierres de vida que han perturbado el diario vivir de nuestras gentes y produciendo enormes e irrecuperables pérdidas a comerciantes que se vieron, en muchos casos, obligados a cerrar sus negocios por imposibilidad de operar.
Sin duda alguna considero que, si la prestación de servicios públicos de la ciudad hubiese estado a cargo de una empresa privada, jamás el Alcalde hubiese podido endosarnos los costos de reposiciones de sus redes bajo ningún concepto, y menos el de valorización por beneficio general. Pero en el sórdido mundo oficial, por lo menos en nuestro medio, todo lo aparentemente ilegal es permitido mediante trucos y artimañas usadas para darle un aparente tinte de corrección y de acción de progreso que, por lo general, nadie investiga ni condena para ser, finalmente, aceptado en forma casi sumisa por los atribulados ciudadanos. Es todo un caso de CINISMO OFICIAL.